Una legislación aprobada este miércoles 13 de marzo por el Parlamento Europeo, y que todavía necesita el visto bueno final de la Unión Europea, regulará los modelos de inteligencia artificial, que, bajo esta norma, deberán cumplir con obligaciones específicas de transparencia y leyes de derechos de autor del bloque comunitario.
Los eurodiputados aprobaron este miércoles 13 de marzo una normativa para regular los sistemas de inteligencia artificial (IA) como el ChatGPT, una legislación pionera en el mundo, que entraría en vigencia en 2026.
El acuerdo provisional respaldado por el Parlamento Europeo busca imponer reglas de funcionamiento para una tecnología cuyo uso está creciendo rápidamente en una amplia gama de industrias y en la vida cotidiana.
Thierry Breton, comisario europeo encargado del expediente, expresó su satisfacción en X por el «apoyo masivo» de los eurodiputados de 523 votos a favor y 46 en contra al texto que establece las «primeras normas vinculantes y completas del mundo para una IA fiable».
¿Qué permite y qué prohíbe la ley?
La Ley de IA lleva tres años en construcción y llega en un momento en que los sistemas de IA generativa como ChatGPT de OpenAI, respaldado por Microsoft, y el chatbot Gemini de Google, se vuelven más populares, alimentando preocupaciones sobre la desinformación y las noticias falsas.
La aparición de estas herramientas ha revelado el enorme potencial de la IA, pero también sus riesgos. La difusión de fotos y vídeos falsos ha puesto de manifiesto el peligro de manipular la opinión pública.
En ese sentido, la normatividad restringe, por ejemplo, el uso por parte de los gobiernos de la vigilancia biométrica en tiempo real en espacios públicos a casos de ciertos delitos, la prevención de amenazas genuinas, como ataques terroristas, y la búsqueda de personas sospechosas de los delitos más graves.
Otra de las disposiciones tiene que ver con que las imágenes, textos o vídeos generados artificialmente (deep fakes) también tendrán que identificarse claramente como tales. El texto también prohíbe los sistemas de calificación de ciudadanos y de vigilancia masiva utilizados en países como China.
Se espera que los países de la UE den su visto bueno formal al acuerdo en las próximas semanas y que la legislación entre en vigor por completo en 2026, aunque algunas de las disposiciones entrarán en vigencia antes.
Las empresas que no cumplan con la normativa corren el riesgo de recibir multas que van desde 7,5 millones de euros o el 1,5% de su facturación hasta 35 millones de euros o el 7% de la facturación global, según el tipo de infracción.
