Por Pedro Cruz Pérez
En mi artículo publicado la semana pasada bajo el título “Un conflicto incipiente y un silencio extraño”, se exponen puntos clave que buscan llamar la atención sobre el tema de la migración haitiana. Los planteamientos que desarrollo se suman al reclamo generalizado de miles de dominicanos que albergan profundas y fundadas preocupaciones ante los matices de este conflicto, el cual afecta nuestra integridad territorial, la seguridad ciudadana y la estabilidad económica.
Finalmente, el gobierno dominicano ha reaccionado a través del presidente Luis Abinader. Considero pertinente presentar un análisis conforme a los 15 puntos que anunció como medidas a implementar.
La migración irregular haitiana no es un fenómeno nuevo, pero sí uno que, en los últimos años, ha escalado a niveles críticos. El reciente anuncio de 15 medidas por parte del presidente Luis Abinader para enfrentar este desafío refleja una respuesta tanto necesaria como previsible ante un contexto regional marcado por el colapso de Haití. Estas acciones, aunque controvertidas para algunos, emergen como un intento estructurado de proteger la estabilidad nacional y mitigar los efectos de una crisis ajena que amenaza con desbordarse hacia territorio dominicano.
El deterioro de Haití, una tormenta de crisis de seguridad, medioambiental, económica y política ha convertido a su población en víctima de un éxodo forzado. La República Dominicana, como nación vecina, enfrenta presiones migratorias que impactan su sistema de salud, educación, seguridad y economía. Las medidas propuestas por Abinader, desde el reforzamiento militar en la frontera hasta la reforma legal para sancionar a traficantes y cómplices, buscan cerrar las puertas a la ilegalidad sin desconocer la complejidad humanitaria del tema.
Entre las acciones más destacadas está la aceleración del muro fronterizo, una decisión polémica pero simbólica. Si bien los muros no resuelven problemas estructurales, su construcción envía un mensaje de firmeza ante bandas criminales que operan con impunidad. Igualmente relevante es la creación de una Procuraduría Especializada en Asuntos Migratorios y el Observatorio Ciudadano, mecanismos que, en teoría, equilibran la aplicación de la ley con la transparencia y la participación civil.
No obstante, medidas como el protocolo para restringir el acceso a hospitales públicos a personas indocumentadas generan inquietudes. Aunque el gobierno argumenta que busca evitar la saturación de servicios, existe el riesgo de vulnerar derechos básicos. Aquí, el desafío radica en implementar controles sin perder de vista la ética humanitaria. Por otro lado, iniciativas como la dominicanización del empleo y la inversión en tecnología agrícola apuntan a reducir la dependencia de mano de obra irregular, abordando así una causa raíz del fenómeno migratorio.
Es comprensible que estas medidas generen debate. Sin embargo, criticar su dureza sin reconocer el contexto sería simplista. Haití carece hoy de un Estado funcional, y la comunidad internacional ha fallado en brindar soluciones duraderas. Ante este vacío, la República Dominicana no puede asumir unilateralmente una crisis que excede su capacidad. Las acciones de Abinader, aunque imperfectas, son un llamado a la corresponsabilidad regional y a priorizar la protección de nuestra población.
Guardando la reserva del acostumbrado estilo del gobierno, que se caracteriza por la implementación de decisiones superficiales y enfocadas al impacto mediático del momento, las 15 medidas representan una reacción plausible y sobre todo, esperada. No son una panacea, pero sí un intento de ordenar un escenario caótico. El equilibrio entre seguridad y humanidad, así como la efectividad en su ejecución, determinarán su éxito. Mientras Haití siga sumida en el abismo, la firmeza dominicana no será una opción, sino una necesidad.
