Educación y conciencia: freno esencial contra la corrupción

En 2023, República Dominicana fue testigo de un escándalo que dejó al descubierto la profundidad del problema de la corrupción: la red desarticulada en el caso Calamar, donde políticos, empresarios y miembros de la sociedad civil participaron en un esquema de desfalco millonario a través de contratos ficticios y licitaciones fraudulentas. ¿Es la corrupción solo un problema de los políticos? O, quizás, ¿somos todos responsables, directa o indirectamente, de este mal que socava el desarrollo del país?

En el imaginario colectivo, la corrupción parece tener un rostro único: el del político. Esta narrativa, alimentada por décadas de desconfianza en la clase política, ha llevado a ignorar o minimizar la participación de otros actores clave en las redes de corrupción. Según Transparency International, en 2023, el 74% de los dominicanos consideró a los políticos como los principales responsables de la corrupción, mientras que solo el 26% señaló al sector empresarial y un ínfimo 10% a la sociedad civil.

Sin embargo, la corrupción no ocurre en un vacío. Los políticos corruptos necesitan cómplices para concretar sus acciones: empresarios que ofrecen sobornos, ciudadanos que aceptan sobornos para votar o quienes permanecen en silencio frente a irregularidades. Esta visión limitada no solo es injusta, sino también peligrosa, pues invisibiliza las raíces profundas de un problema sistémico.

Los empresarios no son solo víctimas de un sistema corrupto, sino, con frecuencia, actores clave. Un ejemplo claro fue el caso Odebrecht, donde se reveló una compleja red de sobornos a políticos para obtener contratos de infraestructura en América Latina. En República Dominicana, la empresa admitió haber pagado más de 92 millones de dólares en sobornos, un hecho que no habría sido posible sin la complicidad de empresarios locales y extranjeros.

Además, las cámaras empresariales suelen ejercer una influencia significativa en las políticas públicas, muchas veces en detrimento del interés colectivo. Esto incluye la evasión fiscal, que según el Ministerio de Hacienda, representa pérdidas de hasta un 6% del PIB anual, o la colusión para mantener precios artificialmente altos en sectores estratégicos como el de alimentos y medicamentos.

La corrupción prospera en un entorno donde la pasividad y la complicidad son la norma. Desde los ciudadanos que sobornan para agilizar trámites hasta quienes callan frente a los excesos de sus gobernantes, la sociedad civil tiene un papel activo, aunque a menudo negado, en la perpetuación de este mal.

La lucha contra la corrupción no puede ser vista únicamente como una tarea de las instituciones de justicia o de los organismos internacionales. Su erradicación debe convertirse en un compromiso colectivo, cimentado en una ciudadanía educada y consciente de sus derechos y responsabilidades. La corrupción encuentra terreno fértil en sociedades donde prevalece la ignorancia o la indiferencia, y donde las prácticas corruptas se normalizan como mecanismos de supervivencia. En este contexto, la educación emerge como el pilar fundamental para construir una sociedad capaz de cuestionar, exigir y actuar de manera crítica.

Una ciudadanía formada no solo reconoce sus derechos, sino que también entiende su deber de participar activamente en la vigilancia del poder público y privado. La educación debe ir más allá de la instrucción básica; tiene que fomentar el pensamiento crítico, la capacidad de discernir información y la voluntad de enfrentarse a las injusticias. Un pueblo educado es menos vulnerable a las manipulaciones mediáticas y políticas, y se convierte en un actor clave para frenar los impulsos depredadores de sectores empresariales o políticos que buscan apropiarse de fondos públicos.

El contubernio entre sectores públicos y privados es uno de los principales motores de la corrupción. Los recursos que deberían destinarse al bienestar colectivo suelen desviarse para enriquecer a unos pocos, en detrimento de las mayorías.

Ante esta realidad, una sociedad educada y organizada puede actuar como un contrapeso efectivo, denunciando irregularidades y exigiendo transparencia. Sin embargo, esto solo es posible si se cuenta con una base sólida de valores éticos y un sistema educativo que priorice la formación integral de los ciudadanos.
Es imperativo que los gobiernos asuman la educación como una política de Estado, con una agenda clara que fomente no solo el acceso universal, sino también la calidad y la equidad.

Esto incluye programas orientados a sensibilizar a las personas sobre el impacto negativo de la corrupción y la importancia de su rol en la construcción de un sistema justo y transparente. Además, es esencial fortalecer las instituciones que garantizan el acceso a la información y la protección de los denunciantes, herramientas clave para empoderar a la ciudadanía en su lucha contra la corrupción.

Solo una sociedad consciente y educada puede servir de freno a la corrupción. La indignación momentánea y la protesta espontánea son insuficientes para provocar un cambio estructural. Es necesario un compromiso a largo plazo, que incluya la formación de generaciones capaces de actuar como guardianes de la ética pública y defensores de los intereses colectivos. Este es el camino hacia un futuro donde la justicia y la transparencia no sean excepciones, sino normas que rijan la vida pública.

La lucha contra la corrupción es una batalla que solo puede ganarse con la participación activa de todos los sectores de la sociedad. Esto implica no solo señalar culpables, sino también asumir responsabilidades, exigir transparencia y actuar con coherencia.

El cambio empieza con nosotros: ¿estamos dispuestos a dejar de ser una sociedad complaciente para convertirnos en una sociedad activa y vigilante? Es momento de pasar de las palabras a los hechos, y de la indignación a la acción. La corrupción se combate no solo en las instituciones, sino también en la conciencia colectiva.