Por José Alberto Blanco
Las elecciones presidenciales de Perú 2026 han colocado al país en una encrucijada histórica. Con una diferencia de menos de veinte mil votos entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, el desenlace se mantiene abierto y sujeto a la revisión de actas observadas y al voto en el extranjero.
Este estrecho margen refleja no solo la polarización política, sino también la fragilidad institucional de un sistema que debe garantizar confianza y transparencia. El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) tiene la responsabilidad de proclamar al ganador con apego estricto a la legalidad, evitando que la incertidumbre se traduzca en desconfianza ciudadana.
Más allá de los nombres, lo que está en juego es la credibilidad de la democracia peruana. La sociedad espera que las instituciones actúen con firmeza y neutralidad, porque en una elección tan ajustada, cada voto cuenta y cada decisión debe ser sustentada en la ley.
El desenlace de este proceso marcará el rumbo político del país en los próximos años, pero también será una prueba de fuego para la madurez democrática de Perú.
Estas elecciones presidenciales han colocado a Perú en un escenario de máxima tensión. Con una diferencia de menos de veinte mil votos entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, el país espera la proclamación oficial del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), mientras se revisan actas observadas y se contabiliza el voto en el extranjero. La estrechez del resultado refleja la polarización política y la fragilidad institucional que han marcado la vida democrática peruana en los últimos años.
La incertidumbre actual no puede entenderse sin mirar hacia atrás. Desde 2016, Perú ha vivido una sucesión vertiginosa de presidentes, la mayoría destituidos o forzados a renunciar por crisis políticas y escándalos de corrupción. Pedro Pablo Kuczynski renunció en 2018; Martín Vizcarra fue vacado en 2020; Manuel Merino apenas duró cinco días en el poder; Francisco Sagasti asumió de manera interina; Pedro Castillo fue destituido en 2022 tras intentar disolver el Congreso; Dina Boluarte enfrentó protestas masivas y salió en 2025; y José Jerí, electo como figura de transición, fue censurado en 2026 por el llamado “Chifagate”. Solo Ollanta Humala, entre 2011 y 2016, logró completar su mandato constitucional.
Este historial de inestabilidad revela un patrón: el Congreso ha adquirido un rol dominante, utilizando la figura de la vacancia presidencial como herramienta política, mientras los escándalos de corrupción y la falta de consensos han debilitado la legitimidad de los mandatarios. La consecuencia ha sido una democracia marcada por la discontinuidad y la desconfianza ciudadana.
Hoy, más que elegir entre dos candidatos, Perú enfrenta el desafío de recuperar la credibilidad institucional. El desenlace de estas elecciones será decisivo no solo para definir el rumbo político inmediato, sino también para demostrar si el país puede superar el ciclo de crisis y consolidar una democracia capaz de garantizar estabilidad y gobernabilidad.
