En un acto marcado por la ausencia de los legisladores de la oposición, el presidente Luis Abinader ha proclamado una reforma constitucional que, en lugar de responder a las demandas democráticas y ciudadanas, parece más bien reforzar la centralización del poder y limitar la independencia de varias instituciones clave. A continuación, se realiza un análisis detallado de los cambios más polémicos.
Abinader justifica su reforma alegando que busca consolidar la independencia del Ministerio Público, lo cual, en principio, parecería un avance positivo. Sin embargo, al designar al Procurador General por medio de una propuesta del presidente y excluirlo del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), el Ejecutivo conserva una influencia clave sobre esta entidad. Aunque esta disposición ha sido presentada como una forma de evitar la injerencia en los nombramientos de jueces, realmente reduce la capacidad del Ministerio Público de participar activamente en la elección de las altas cortes. Además, al quedar el Procurador General como figura designada directamente por el mandatario, se intensifica el riesgo de una subordinación que comprometa la objetividad judicial, en lugar de garantizar la autonomía prometida.
Respecto a la autonomía municipal, Abinader afirma que su reforma promueve una administración local más robusta, pero los detalles de la modificación presentan otra realidad. A pesar de las palabras, los municipios carecerán de poder real para administrar sus recursos sin intervención externa significativa. En esencia, la supuesta “autonomía” se convierte en un término vacío que, en la práctica, no fortalece la descentralización. Los municipios seguirán dependiendo de fondos y decisiones estratégicas que residen en el Ejecutivo, dejando sin sustancia el ideal de una administración pública más cercana a la ciudadanía y verdaderamente descentralizada.
Entre los cambios más cuestionables se encuentra la reducción del número de diputados, una medida que, según Abinader, tiene como fin lograr un Congreso más dinámico y eficiente. Sin embargo, esta reducción afecta principalmente a las representaciones de distritos menores y rurales, cuyo poder de voz ya es limitado. Esta decisión, más que mejorar la eficiencia, suprime la pluralidad de voces en el Congreso y amplifica la influencia de las áreas urbanas y de mayor población. La falta de una representación equitativa afecta directamente a comunidades vulnerables, debilitando así la participación de diversos sectores de la sociedad en el proceso legislativo. En una democracia representativa, reducir la cantidad de diputados a cambio de supuesta “eficiencia” representa un golpe a la diversidad democrática y al derecho de representación inclusiva.
La reforma también establece modificaciones importantes en el CNM y el Tribunal Constitucional, órganos fundamentales para la garantía de la justicia en el país. A primera vista, se presentan como actualizaciones al sistema de justicia, pero en la práctica consolidan el control del Ejecutivo sobre la elección de jueces de altas cortes. La exclusión del Ministerio Público del CNM otorga un control indirecto adicional al presidente, comprometiendo la imparcialidad y la separación de poderes en la toma de decisiones judiciales. En una democracia sana, la justicia debe permanecer independiente, y esta reforma reduce las instancias de participación de sectores fuera del Ejecutivo en las decisiones sobre los nombramientos judiciales.
Mientras Abinader promete un fin a la era del caudillismo y el personalismo, los cambios implementados en esta reforma sugieren lo contrario. El diseño de esta nueva Carta Magna parece más orientado a consolidar una estructura centralizada y controlada, donde el poder se concentra en el Ejecutivo a expensas de una verdadera separación y equilibrio institucional. En lugar de responder a las crecientes demandas de transparencia, pluralidad y representatividad de la sociedad dominicana, esta reforma se enfoca en proyectar una falsa imagen de modernización.
Aunque el presidente Abinader ha proclamado esta reforma como un avance democrático, la revisión detallada de sus puntos muestra que dista de ser una mejora genuina. El país necesita reformas que respeten y amplíen la autonomía de sus instituciones, y no ajustes cosméticos que preserven y amplíen el control político sobre ellas.
