La iniciativa dispondría la renaturalización de sus ríos y cuencas hidrográficas.
Santo Domingo, Distrito Nacional, República Dominicana. — En el marco de la celebración del Mes del Medio Ambiente, nos dirigimos al país a través de los medios de comunicación para informar el Estado de emergencia ambiental que atraviesa nuestro país. La situación que enfrentan nuestras áreas protegidas, nuestras montañas y nuestros ríos es para declararlo en Estado de Emergencia.
La destrucción criminal en el Sur del país, encabezados en Provincias como Barahona, Azua, San Juan, San Cristóbal, entre otras.
En el Cibao en provincias como La Vega, Santiago, Bonao, Sánchez Ramírez, Santiago Rodríguez y Puerto Plata y en todas las provincias del país, el asedio es constante, en los ríos y en las montañas, por poner algunos ejemplos: Río Yuna, Las Cuevas del Pomier, El polvillo generado por la Minería en Barahona, Las barcazas en Azua, El río Nizao y el Río Haina que hasta el mismo gobierno se ha visto obligado a intervenirlo, pero el Santo Cerro en La Vaga, el Río Guayubin en Santiago Rodríguez y la cordillera Septentrional En Santiago y Puerto Plata con sus ríos Bajabonico y Camú. En todo el país, en cada provincia y probamente en cada municipio se evidencia la falta de autoridad del Ministerio de Medio Ambiente y en ocasiones la anuencia para que destruyan impunemente.
Por esta y otras razones presentamos dos iniciativas legislativas que consideramos fundamentales para el presente y futuro de la República Dominicana: el Proyecto de Ley que declara la Cordillera Septentrional como territorio libre de minería metálica y protege sus cuencas hidrográficas, y el Proyecto de Ley que declara la Cordillera Central como territorio de seguridad nacional y soberanía ecológica, establece la exclusión de la minería metálica y dispone la renaturalización de sus ríos y cuencas hidrográficas.
He impulsado estas propuestas porque estoy convencida de que la defensa del agua, los bosques y las montañas no puede seguir siendo un simple discurso, sino una política de Estado respaldada por leyes firmes, modernas y con visión de futuro. Ambos proyectos parten del reconocimiento constitucional de que el agua es un patrimonio nacional estratégico y de que el Estado tiene la obligación de proteger el medio ambiente y garantizar el equilibrio ecológico para las presentes y futuras generaciones.
¿Por qué presentar dos proyectos diferentes?
Quizás muchas personas se preguntan por qué no se presentó una sola ley para ambas cordilleras. La respuesta es sencilla: aunque las dos iniciativas comparten el objetivo común de proteger la naturaleza y las fuentes de agua, cada cordillera posee características ecológicas, geográficas e hidrográficas distintas que requieren tratamientos jurídicos especializados.
La Cordillera Central representa el principal sistema hídrico de la República Dominicana. Allí nacen los ríos que sostienen nuestros acueductos, la producción agrícola, la generación hidroeléctrica y buena parte de la seguridad alimentaria nacional. Por esa razón, el proyecto la declara Territorio de Seguridad Nacional y Soberanía Ecológica.
En cambio, la Cordillera Septentrional posee una enorme fragilidad geológica y ecológica. Su composición kárstica, la presencia de importantes reservas científicas y la incidencia de la Falla Septentrional convierten cualquier explotación minera metálica en un riesgo ambiental y sísmico de gran magnitud.
Por eso, ambas leyes se complementan, pero responden a realidades ambientales distintas.
Principales aportes e innovaciones de estos proyectos de leyes
Estas iniciativas presentan importantes novedades legislativas y ambientales para la República Dominicana:
1. Prohibición absoluta de la minería metálica en zonas estratégicas: Por primera vez se propone una exclusión minera integral en dos de las principales reservas ecológicas e hídricas del país.
2. Reconocimiento de la seguridad hídrica como tema de soberanía nacional: La protección del agua deja de verse únicamente como un tema ambiental y pasa a considerarse un asunto de seguridad nacional, supervivencia colectiva y se ordena la renaturalización de los ríos.
3. Creación de organismos especializados de vigilancia ecológica: Ambos proyectos crean nuevas autoridades regionales con autonomía técnica y capacidad legal para proteger las cordilleras y actuar judicialmente frente a delitos ambientales. En ese sentido se crean: Se crea la Autoridad Nacional para la Protección de las Cuencas Hídricas y Cuerpos de Agua de la Cordillera Central y la Autoridad Regional de Vigilancia y Protección de la Cordillera Septentrional y los Directores de Cuencas Hídricas con Funciones y Atribuciones contemplados en el proyecto de Ley.
4. Tecnología avanzada para la protección ambiental: El proyecto incorpora por primera vez un Centro Tecnológico de Vigilancia Ambiental equipado con drones, monitoreo satelital, inteligencia artificial y sistemas de alerta temprana para detectar delitos ecológicos en tiempo real.
5. Participación activa de las comunidades: A través de Mesas de Veeduría Social e Hídrica y las Mesas de Vigilancia Comunitaria, estas leyes reconocen el papel fundamental de las organizaciones comunitarias, ambientalistas, universidades, iglesias y gobiernos locales en la defensa de los recursos naturales.
6. Aplicación de la Ley de Extinción de Dominio: El proyecto de la Cordillera Central establece mecanismos para decomisar maquinaria, equipos y activos vinculados a minería ilegal y delitos ambientales.
Hoy la República Dominicana enfrenta una decisión histórica: proteger sus montañas y fuentes de agua o permitir que intereses extractivos comprometan el futuro ambiental de la nación.
Estoy convencida de que defender la Cordillera Central y la Cordillera Septentrional es defender la vida, la agricultura, la energía, la biodiversidad y el derecho de nuestros hijos y nietos a vivir en un país con agua limpia y ecosistemas saludables. Estas leyes representan una visión moderna de protección ambiental, soberanía ecológica y responsabilidad intergeneracional.
“Porque sin agua no hay vida, y sin estas cordilleras protegidas no hay futuro para la República Dominicana”.
