En toda sociedad, el gobierno debe ser el garante del bienestar colectivo, administrando recursos y diseñando políticas para beneficiar a las mayorías. Sin embargo, cuando un gobierno se pliega a los intereses de la oligarquía o clase dominante, las necesidades del pueblo pasan a un segundo plano, generando desigualdad, pobreza y falta de oportunidades. En la República Dominicana, esta realidad se ha manifestado a lo largo de la historia y sigue vigente hoy día, afectando directamente a quienes menos tienen.
La clase dominante, representada por los grandes empresarios, terratenientes y grupos financieros, busca perpetuar un modelo que les permita seguir acumulando riqueza a expensas del trabajo y el sacrificio del pueblo. Para ello, necesitan gobiernos que, en vez de regular sus abusos, les faciliten exenciones fiscales, contratos privilegiados y el control de sectores estratégicos como la energía, la construcción y la alimentación. Mientras tanto, los ciudadanos de a pie enfrentan salarios bajos, servicios públicos deficientes y un costo de vida que sube constantemente.
La privatización de servicios esenciales ha sido una de las herramientas más utilizadas para consolidar el poder de la oligarquía a costa del pueblo. Bajo el argumento de mejorar la eficiencia y reducir costos, gobiernos de distintas épocas han entregado sectores estratégicos a manos privadas, lo que ha resultado en el encarecimiento de servicios básicos como el agua, la electricidad, la salud y el transporte. En la práctica, estas privatizaciones solo han servido para aumentar las ganancias de los empresarios mientras la población se ve obligada a pagar más por servicios que antes eran derechos garantizados por el Estado. La experiencia demuestra que la privatización no resuelve los problemas estructurales, sino que los agrava al convertir necesidades fundamentales en negocios lucrativos para unos pocos.
Otro caso palpable es el del sector agropecuario. Los pequeños agricultores luchan por subsistir debido a la falta de apoyo estatal, mientras que los grandes importadores, vinculados a la clase dominante, reciben beneficios para traer productos del extranjero que compiten deslealmente con la producción local. Como resultado, el campo se empobrece, se pierde soberanía alimentaria y aumentan las migraciones hacia las ciudades en busca de empleo precario.
En la política fiscal también se evidencia el favorecimiento a la oligarquía. Mientras los empresarios gozan de incentivos fiscales y exenciones de impuestos, el grueso de la población debe cargar con el peso de tributos regresivos como el ITBIS, que afecta por igual a ricos y pobres. Este tipo de políticas perpetúa la desigualdad, pues en vez de gravar la riqueza acumulada, se castiga el consumo de quienes tienen menos.
El sector salud es otro reflejo de la desigualdad promovida por un gobierno sometido a los intereses de la clase dominante. La salud pública, que debería ser un derecho fundamental, está en crisis debido a la falta de inversión y la corrupción administrativa. Mientras tanto, los grupos empresariales que controlan las ARS obtienen ganancias millonarias ofreciendo planes de salud caros e insuficientes.
La educación, fundamental para el desarrollo de una sociedad, también sufre el impacto de un modelo económico que favorece a la oligarquía. Aunque en términos de presupuesto se han logrado avances, el sistema educativo dominicano sigue marcado por deficiencias que impiden una formación crítica y de calidad para la mayoría de los jóvenes. La falta de una educación que impulse el pensamiento libre y el análisis de la realidad facilita que las mayorías sigan sin cuestionar el dominio de la oligarquía.
El endeudamiento público es otro mecanismo a través del cual se perjudica al pueblo en beneficio de los grandes capitales. En los últimos años, la República Dominicana ha aumentado significativamente su deuda externa, pero los recursos obtenidos no han servido para mejorar la calidad de vida de las mayorías. En cambio, se destinan a proyectos que favorecen a contratistas privados y a garantizar el pago de intereses a los prestamistas internacionales.
Cuando el gobierno cede ante los intereses de la oligarquía, también se debilitan las instituciones democráticas. La justicia se convierte en un instrumento de protección para los poderosos, mientras que los casos de corrupción que afectan al pueblo quedan impunes. El clientelismo y la compra de conciencias se convierten en prácticas comunes para mantener el control político y perpetuar la subordinación de las mayorías.
Ante esta realidad, es urgente que el pueblo dominicano tome conciencia de que sus intereses son diametralmente opuestos a los de la clase dominante. Un gobierno que realmente represente a las mayorías debe implementar políticas que promuevan la distribución equitativa de la riqueza, el acceso universal a los servicios básicos y el fortalecimiento de la democracia. Esto solo será posible si la población exige transparencia, justicia y equidad, organizándose para impedir que los poderosos sigan imponiendo sus intereses sobre el bienestar común.
La historia ha demostrado que el progreso de una nación no se logra beneficiando a unos pocos, sino garantizando condiciones de vida dignas para todos. Si el gobierno continúa siendo un instrumento al servicio de la oligarquía, el pueblo dominicano seguirá atrapado en un ciclo de pobreza y desigualdad. Es hora de cambiar el rumbo y exigir un sistema que priorice el bienestar colectivo sobre la ambición desmedida de unos pocos.
Excelente artículo estimado amigo Ramón Morel.
El artículo ofrece un análisis certero y bien fundamentado sobre cómo la subordinación de las políticas gubernamentales a los intereses de una élite económica perpetúa la desigualdad y afecta negativamente a la mayoría de la población.
Este enfoque contribuye significativamente a la comprensión de los desafíos socioeconómicos actuales y subraya la necesidad de políticas públicas más equitativas y orientadas al interés general.