La República Dominicana enfrenta una encrucijada histórica, marcada por la desconexión entre su clase dominante y su clase gobernante. Estas dos fuerzas, que según el pensamiento de Juan Bosch deberían actuar como motores del desarrollo social, económico y político, han fracasado en asumir su rol histórico. En su lugar, han perpetuado una dinámica de distanciamiento y desinterés por las mayorías, obstaculizando el avance hacia un país más justo y equitativo.
En sus análisis, Juan Bosch diferenciaba claramente entre la clase dominante y la clase gobernante. La clase dominante es aquella que detenta el poder económico, representada principalmente por las élites empresariales, mientras que la clase gobernante es la encargada de dirigir el Estado y tomar decisiones políticas que definan el rumbo de la nación. Para Bosch, ambas clases tienen un deber histórico: la primera debe utilizar su poder económico para generar bienestar colectivo, mientras que la segunda debe garantizar que las instituciones trabajen para todos, promoviendo políticas públicas orientadas al desarrollo.
En la República Dominicana, sin embargo, estas clases han fallado en cumplir su rol. Las élites económicas han optado por un modelo extractivista y de acumulación que no reinvierte en la sociedad, mientras que los gobernantes se han limitado a administrar el poder en función de intereses particulares, sin un proyecto nacional que trascienda el cortoplacismo.
La clase dominante dominicana, lejos de actuar como promotora del desarrollo, se ha concentrado en acumular riquezas sin asumir una responsabilidad social real. Sectores como el turismo, las zonas francas y la agroindustria han generado grandes beneficios económicos, pero su impacto positivo en las mayorías ha sido limitado. Por ejemplo, mientras el turismo genera el 15% del PIB, los trabajadores del sector reciben salarios insuficientes y carecen de estabilidad laboral.
Por otro lado, las élites empresariales han mantenido un silencio cómplice frente a problemas estructurales como la educación deficiente, la inseguridad alimentaria y la corrupción. Este comportamiento refleja lo que Bosch describía como una «clase dominante sin conciencia de nación», que no asume el deber de elevar a las mayorías para garantizar un desarrollo sostenible y equitativo.
La clase gobernante, por su parte, ha demostrado una alarmante incapacidad para liderar de manera efectiva. Desde la transición democrática de 1961, los gobiernos han priorizado intereses partidarios y clientelistas sobre el bien común. Programas sociales importantes, como las transferencias monetarias condicionadas, han sido instrumentalizados como herramientas políticas, mientras se descuidan áreas fundamentales como la educación y la salud.
Un ejemplo evidente es el sistema educativo dominicano, que a pesar de recibir el 4% del PIB desde 2013, sigue siendo uno de los peores de la región según pruebas internacionales como PISA. Esto demuestra que no basta con destinar recursos; se requiere un liderazgo comprometido que oriente estas inversiones hacia resultados tangibles para la población.
La falta de acción de estas élites ha perpetuado una deuda social inmensa. Más del 20% de los dominicanos vive en pobreza, y el 5% en pobreza extrema, según el Banco Mundial. Esta realidad contrasta con los enormes beneficios que disfruta la clase dominante, evidenciando una desconexión que alimenta el descontento social y amenaza con desestabilizar el sistema democrático.
Además, la falta de liderazgo no solo afecta a las mayorías, sino también al tejido social en su conjunto. La criminalidad, el deterioro de los servicios públicos y la emigración masiva son síntomas de un sistema que no funciona para la mayoría.
Para avanzar hacia el desarrollo, la clase dominante debe abandonar su lógica de acumulación exclusiva y adoptar un modelo de responsabilidad social y económica. Esto implica invertir en sectores estratégicos como la educación, la tecnología y la infraestructura, no solo por filantropía, sino porque el desarrollo del país también garantiza la sostenibilidad de sus propios intereses.
Por su parte, la clase gobernante debe priorizar el fortalecimiento institucional, erradicando la corrupción y promoviendo políticas públicas inclusivas que reduzcan las brechas sociales. Solo así se podrá construir un país donde las mayorías sientan que sus necesidades son atendidas y sus derechos garantizados.
Países como Costa Rica han demostrado que es posible combinar desarrollo económico con inclusión social. Su inversión en educación y salud, junto con un liderazgo político comprometido, ha permitido un crecimiento sostenido con altos niveles de bienestar. Este modelo debería servir de ejemplo para la República Dominicana, cuyas élites aún tienen tiempo de rectificar su rumbo.
Como advirtió Juan Bosch, una nación no puede desarrollarse cuando sus élites están desconectadas de las necesidades del pueblo. La República Dominicana necesita una clase dominante que entienda su rol histórico y una clase gobernante que asuma el compromiso de gobernar para todos. De lo contrario, seguiremos siendo un país donde las oportunidades están reservadas para unos pocos, y las mayorías continúan atrapadas en un ciclo de pobreza y exclusión. Este es el momento de cambiar el rumbo, antes de que sea demasiado tarde.
