Buenos días. Es cierto que se trata de un tema controversial, pero nadie pone en duda que las ejecuciones policiales existen y crecen en República Dominicana. Basta con observar el comportamiento que esa práctica policial muestra en los primeros cinco meses del 2025. Alrededor de 60 supuestos “delincuentes” han sido ejecutados en los famosos y muy dudables “intercambios de disparos”, a pesar de que esos asesinatos no están amparados en ningún mandamiento jurídico, aunque hay que admitir que forman parte de la cotidianidad de los dominicanos. Sencillamente no hay manera de que ese proceder ilegal muestre señales de cambio, mientras los entes del Estado impunemente lo permiten y, muy particularmente, la justicia demuestra no sentirse aludida. No hay que aclarar nada acerca de que no nos inclinamos a favorecer las acciones de facinerosos y delincuentes, pero independientemente de lo que sean, no corresponde a la policía juzgarlos y mucho menos abrogarse el derecho de asesinarlos. No, porque en República Dominicana no existe aún la pena de muerte, tampoco están permitidas las llamadas ejecuciones extrajudiciales, de manera que el papel de la uniformada tiene que limitarse a someter a los sospechosos de delitos, preservar sus vidas y ponerlos a disposición de los tribunales. Naturalmente, sea cierto o no, el rumor público asocia muchos de esos crímenes al propósito de evitar que queden al descubierto ciertas complicidades policiales. De cualquier forma, tiene que quedar muy claro que la policía no tiene licencia oficial para matar y que sus crímenes no son impugnables.
