En el marco de la conmemoración del mes de la mujer, la República Dominicana se enfrenta a una paradoja dolorosa: mientras el discurso oficial celebra avances en igualdad, la realidad en los hogares y calles dicta una sentencia de muerte para decenas de ciudadanas. La transición del año 2025, que cerró con una reducción reportada en los feminicidios, 49 casos frente a los 71 de 2024, hacia un 2026 teñido de sangre, revela que las políticas de prevención actuales son, en el mejor de los casos, insuficientes. El repunte de la violencia machista en el primer cuatrimestre de 2026 exige que el Estado dominicano pase de la retórica a una acción vigorosa y sistémica.
Las frías estadísticas del primer trimestre de 2026 contabilizan 22 feminicidios, una cifra que para mediados de mayo ya escalaba a los 30 casos registrados. Detrás de estos números hay una radiografía del horror, el 86% de las víctimas no había presentado denuncias previas contra sus agresores. Este dato no es un simple indicador de «silencio»; es el síntoma de una profunda desconfianza en el sistema judicial y de un miedo paralizante alimentado por la dependencia emocional y económica. Cuando las mujeres no denuncian, no es por omisión voluntaria, sino porque el Estado no ha logrado garantizarles que, al dar el paso, su vida no correrá un riesgo aún mayor.
La ineficacia institucional se manifiesta con crueldad en la gestión de las medidas de protección. De las más de 7,600 órdenes de protección solicitadas en los primeros meses de 2026, solo poco más de 2,200 fueron otorgadas. Esta brecha burocrática deja a miles de mujeres en un limbo de vulnerabilidad absoluta. Casos emblemáticos como el de Esmeralda Moronta, asesinada frente a una fiscalía tras haber denunciado horas antes el acoso de su expareja, demuestran que, en República Dominicana, una orden de alejamiento es muchas veces solo un papel que no detiene las balas ni los puñales.
La propia ministra de Interior y Policía, Faride Raful, ha tenido que admitir con crudeza: “Hemos fallado como sistema”. Este reconocimiento de debilidad estatal debe ser el punto de partida para una reforma estructural. No basta con habilitar “Puntos Vida” o fortalecer la “Línea Vida” si estas herramientas no están integradas en una red de respuesta inmediata que incluya refugios seguros y un seguimiento real de los agresores. La justicia centrada en las personas, como ha señalado la Procuraduría, obliga a actuar sobre el riesgo antes de que se convierta en una estadística de muerte.
Además de la respuesta punitiva, el problema es cultural y estructural. La persistencia de una masculinidad hegemónica que naturaliza el dominio sobre la mujer sigue siendo el motor de esta «pandemia en la sombra». La sociedad dominicana aún convive con modelos de crianza que castran la rebeldía en las niñas y estimulan la dominación en los niños, reforzados por una cultura mediática y musical que sexualiza y subordina lo femenino. La educación en valores y la transformación cultural desde la primera infancia son las únicas vías para desmantelar el patriarcado que sostiene estas violencias.
El costo social de esta inacción es incalculable. Solo en lo que va de 2026, alrededor de 20 niños han quedado en la orfandad, víctimas colaterales de una tragedia que les arrebata a sus madres y, a menudo, también a sus padres por suicidio. Estos menores enfrentan traumas severos, desarraigo y una incertidumbre que el Estado apenas comienza a mitigar con programas de asistencia económica.
República Dominicana no puede seguir siendo el tercer país con más feminicidios de la región mientras presume de crecimiento económico. La vida de las mujeres no puede ser una moneda de cambio en discursos electorales o de gestión. Se requiere la aprobación urgente de una Ley Integral que tipifique correctamente el feminicidio y dote de recursos reales a las casas de acogida y a las unidades de atención. Pasar del discurso a la acción significa invertir en la vida, proteger la dignidad y reconocer que cada feminicidio es un fracaso ético de toda la nación. En memoria de las que ya no están, la reflexión debe transformarse en un compromiso innegociable; ni una muerte más.
