Santiago de los Caballeros. — El ingeniero Hamlet Otáñez, Secretario de Agua Potable y Saneamiento del Partido Fuerza del Pueblo, condenó la gestión de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago (CORAASAN) y de las autoridades responsables del agua del actual gobierno, tras la ruptura de una tubería de aducción del Acueducto Cibao Central en La Zanja, Sabana Iglesia, que mantiene a más de 800,000 personas sin servicio de agua potable en la ciudad de Santiago y municipios cercanos, incluyendo Moca, en plena temporada navideña.
“Lo que vive Santiago y Moca hoy no es un simple ‘inconveniente’, es una crisis urbana y sanitaria. Más de 800,000 ciudadanos sin agua por varios días significa hogares paralizados, comercios limitados, escuelas y oficinas afectadas y, sobre todo, hospitales y clínicas operando obligados a depender de abastecimiento alterno para sostener limpieza, esterilización, lavandería y control de infecciones”, afirmó Otáñez.
Aseguró que el impacto humano y económico provocado por la incapacidd de las utoridades, es masivo y completamente «inaceptable”.
Hamlet Otáñez subrayó el carácter especialmente grave del evento por el momento en que ocurre: “Esto sucede en Navidad, cuando las ciudades incrementan su actividad, cuando las familias se reúnen, cuando la demanda de servicios se dispara. Santiago y Moca no pueden ‘funcionar a ciegas’ sin agua», sostuvo.
Agregó quer «los comunitarios advirtieron con tiempo, pero CORAASAN aplazó la corección de las fugas sin importarle en peligro que asechaba a la comunidad”.
El dirigente político señaló que representantes comunitarios venían denunciando desde hace meses la presencia de fugas y el deterioro en el tramo, y que en semanas recientes insistieron públicamente sobre la gravedad del problema.
“Hoy queda claro quién cumplió con alertar y quién falló en actuar. Cuando la población advierte y la autoridad decide esperar, el resultado es este: ciudades enteras pagando el precio”, dijo.
Explicó que “una fuga en una linea de aducción es señal urgente de intervención” e insistió en que, desde el punto de vista de gestión del servicio, «una fuga en una tubería de aducción —por su función crítica— es una señal urgente de intervención, no un asunto para postergar».
“En estos sistemas, la fuga sostenida no es un detalle: es un indicador de deterioro y de riesgo operativo. No se puede administrar el agua con la lógica de reaccionar después del colapso”, expuso.
Hamlet Otáñez advirtió que lo ocurrido en La Zanja se suma a eventos recientes que evidencian un patrón de descuido en infraestructura hidráulica. Citó el caso de Consuelo, San Pedro de Macorís, donde el colapso/explosión de un tanque de agua provocó personas heridas y viviendas destruidas o severamente afectadas, “con familias pagando en carne propia lo que debió prevenirse con supervisión y mantenimiento”.
“Este gobierno y sus operadores del agua deben rendir cuentas. La ciudadanía merece explicaciones claras, transparencia y, sobre todo, una gestión que prevenga, no que llegue tarde. El pueblo no puede seguir pagando con daños, incomunicación y riesgo a la salud por la cultura de no dar mantenimiento a las infraestructurs de agua potable», afirmó.
Recordó que el agua es un servicio esencial porque «sin agua no hay normalidad, no hay salud pública y no hay dignidad”.
