El experto en Seguridad Social Arismendi Díaz Santana aboga por que las autoridades dispongan un contrato único para asegurar los derechos tanto de los pacientes como de las clínicas y hospitales, tras asegurar que la retención de pacientes y de cadáveres es completamente ilegal.
El Presidente de la Fundación Seguridad Social para todos (FSSPT) y quien fuera el diseñador y primer gerente del Sistema de la Seguridad Social del país, asegura que las indicadas prácticas “desnuda la orfandad en el respeto de los derechos humanos”, al tiempo de quejarse porque “a pesar de ser una práctica ilegal todavía las autoridades no han aplicado la Ley”.
En un artículo publicado por El Nuevo Diario hoy bajo el título “Por una solución equilibrada”, Arismendi Díaz Santana afirmas que crecen las críticas a los centros privados y públicos de salud, por condicionar la salida de pacientes o la entrega de cadáveres al pago de una deuda por servicios médicos, “en violación de la libertad individual consagrada en Constitución”.
De Ahora reproduce integro el citado artículo:
La retención de pacientes y de cadáveres es ilegal. Tratándose de un doble derecho humano, a la salud y a la libertad individual, las autoridades deberían elaborar un contrato único que establezca los derechos de los pacientes y de las clínicas y hospitales, así como las modalidades de pago para saldar cualquier deuda imprevista
La retención de pacientes y/o de cadáveres en las clínicas y hospitales desnuda la orfandad en el respeto de los derechos humanos. A pesar de ser una práctica ilegal, todavía las autoridades no han aplicado la Ley. ¿Para qué sirven los derechos humanos si las autoridades no los garantizan?
Crecen las críticas a los centros privados y públicos de salud, de condicionar la salida de pacientes o la entrega de cadáveres al pago de una deuda por servicios médicos, en violación de la libertad individual consagrada en Constitución.
Los abogados consultados coinciden en que la retención de pacientes y/o de cadáveres por parte de las PSS es una práctica ilegal. Así lo declararon Gilberto Objío, abogado de la firma Pellerano Nadal, especialista en derecho médico y José Pappaterra, abogado y director médico del Centro Médico UCE.
Como escribió Claudia Fernández en su reportaje en Diario Libre, la práctica de retener un paciente o un cadáver hasta que aparezca quien pague, debe ser repudiada por todos. El gobierno debería tomar acciones inmediatas y atacar a esas instituciones o personas que usan el dolor ajeno como moneda de cambio.
Lo que resulta completamente ilegal e inadmisible es la aprehensión por deuda a los familiares, mediante procedimientos compulsivos que transgreden los derechos humanos, aprovechándose de la situación crítica y angustiosa del paciente y de sus familiares.
Algunas familias se han quejado de que, en sus casos, la retención de sus pacientes y el trato irrespetuoso y desconsiderado de administradores de los centros de salud y de sus abogados, han resultado más traumáticos y dolorosos que la enfermedad de su pariente, causando estrés en el seno familiar.
Estas lamentables situaciones, que se repiten y se repiten, sin que se visualice una solución equilibrada, constituyen una clara expresión del predominio de la ley del más fuerte, del respeto a los derechos humanos es “asigún”, y de la debilidad de nuestras instituciones.
En ocasiones la situación se tornó más compleja por diferencias entre la ARS y la PSS, complicando y dilatando la liberación del paciente o la entrega del cadáver. En esos casos los afiliados han tenido que recurrir a la DIDA o a la SISALRIL para presentar sus quejas y reclamar sus derechos.
Por una solución legal equilibrada que respete el derecho de los pacientes
Claro que estos proveedores de servicios de salud (PSS) tienen derecho a cobrar por los servicios médicos prestados, pero lo que se critica es que, en ocasiones se utilizan procedimientos compulsivos, prepotentes y desconsiderados. Es necesario una solución amigable de acuerdo a las leyes, garantizando la integridad de los pacientes.
En el mejor de los casos los parientes tienen que firmar un pagarés o compromiso de pago, plagado de cláusulas unilaterales y de intereses leoninos, para luego ser víctimas del cobro compulsivo de abogados especializados en acosos que irrespetan la integridad de las personas.
Tratándose de un doble derecho humano, a la salud y a la libertad individual, proponemos que Salud Pública y la SISALRIL: 1) ratifiquen la ilegalidad de la retención de pacientes y cadáveres; 2) elaboren un contrato único, con cláusulas que definan los derechos de los pacientes y de las clínicas y hospitales; y 3) que presente opciones de pago equilibradas para ambas partes. Estas reglas de juego deben estar claras desde el momento del ingreso del paciente, para evitar sorpresas e imposiciones inaceptables.
