¡Oh, qué sorpresa! ¡Otra tragedia dominicana que nunca vimos venir! El colapso del Jet Set Club el 8 de abril, donde 231 almas fueron aplastadas bajo un techo tan sólido como las promesas de un político en campaña, es solo un martes más en esta isla de negligencia crónica. El legendario Rubby Pérez, ícono del merengue, cantaba su última nota cuando el cielo —o, mejor dicho, el techo podrido— decidió que ya era suficiente. ¿231 muertos? ¿Un símbolo cultural reducido a escombros? Tranquilos, que aquí no pasa nada. La maquinaria de la impunidad ya está engrasada, lista para convertir este desastre en una nota al pie antes de que terminen las vacaciones de Semana Santa.
El Jet Set no era solo un club; era un templo donde el merengue y la salsa hacían olvidar, por unas horas, que vivimos en un país donde todo se sostiene con cinta adhesiva y buena voluntad. Pero detrás de las luces y los tragos caros, el edificio era una ruina esperando su momento. Vigas corroídas, modificaciones hechas por el primo de alguien que “sabe de construcción”, y cero certificaciones sísmicas actualizadas. ¿Inspecciones? ¡Ja! La última, hace siete años, fue tan profunda como un tuit de condolencias. El Ministerio de Obras Públicas (MOPC) y la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad (ONESVIE) estaban muy ocupados, probablemente firmando permisos en servilletas o tomándose un café en algún lugar donde no se cayera el techo.
La Alcaldía del Distrito Nacional, esa joya de la burocracia, renovaba la licencia del Jet Set cada año como quien renueva una suscripción a Netflix: sin mirar, sin preguntar, confiando en las “declaraciones juradas” de los dueños. ¿Para qué molestarse con ingenieros o planos de evacuación? Total, si algo sale mal, siempre se puede culpar al destino. Los ingenieros del CODIA llevan años gritando al vacío que las edificaciones viejas como el Jet Set son trampas mortales, pero aquí los gritos se pierden entre el ruido de la salsa y los favores políticos. ¿Les suena familiar? Claro, es el remix de la explosión de San Cristóbal en 2023, donde 38 murieron porque a nadie le importó revisar un almacén lleno de químicos. Mismo guion, diferente escenario.
Y luego llega el presidente Luis Abinader, con su cara de póster y su tono de telenovela, prometiendo “llegar hasta las últimas consecuencias”. ¡Qué conmovedor! El informe preliminar, un panfleto de 15 páginas que salió más rápido que un merengue de Juan Luis Guerra, es una obra maestra del arte de no decir nada. Tecnicismos vagos, responsabilidades diluidas como azúcar en café, y una promesa de “más indagaciones” que suena tan creíble como un horóscopo. Mientras Abinader lloraba en el funeral de Rubby Pérez y la primera dama tuiteaba sus condolencias —porque nada grita “lo siento” como un emoji de corazón roto—, las familias de las víctimas peleaban con el INACIF por cuerpos mal identificados y un caos que parecía organizado por un reality show de bajo presupuesto. ¿Protocolos para víctimas masivas? ¿Eso qué es, comida?
El gobierno, fiel a su manual de “cómo fingir que nos importa”, anunció un “plan nacional de seguridad integral para centros de diversión”. Sin presupuesto, sin expertos, sin nada que no sea una foto bonita para la prensa. En X, la gente respondió con el cinismo que nos caracteriza: “¿Ahora sí, después de 231 muertos?”, “Otro plan para la galería”. Y mientras tanto, el solar del Jet Set fue limpiado en tiempo récord, en 72 horas, porque nada dice “búsqueda de justicia” como borrar las pruebas antes de que lleguen los peritos independientes. ¿Seguridad pública? Por favor, eso fue un lavado de escena del crimen disfrazado de buena intención.
¿Por qué siempre caemos en el mismo hueco? Porque en esta isla, el poder es un club VIP donde todos se conocen y nadie paga la cuenta. Los dueños del Jet Set, con sus conexiones que llegan hasta el cielo —o al menos hasta los pasillos de RCC Media, cortesía de la familia Espaillat—, saben que la justicia dominicana es un chiste sin punchline. Antonio Espaillat jura “colaboración total”, pero no se preocupen, que su “colaboración” será tan útil como un paraguas en un huracán. Aquí, los peces gordos pagan multas de juguete, las investigaciones se entierran en cajones, y las víctimas —Jennifer Contreras, que solo quería celebrar sus 24 años; el teniente Virgilio Cruz Aponte, que hacía un turno extra; familias que nunca volverán a estar completas— se desvanecen en el olvido, como un merengue que nadie baila.
Este desastre no fue un accidente; fue un homicidio en cámara lenta, coreografiado por un Estado que prefiere selfies a seguridad, billetes a vidas. Las 231 almas del Jet Set merecían más que un edificio que no se cayera encima. Merecían inspectores que inspeccionaran, funcionarios que no vendieran permisos, un país que no los traicionara. Pero aquí estamos, otra vez, recogiendo pedazos y fingiendo sorpresa. La diáspora llora desde Nueva York, Madrid, Boston, pero su indignación se ahogará en el mismo silencio que todo lo engulle. ¿Investigación independiente? ¿Reformas reales? ¿Castigo para los responsables? Soñar es gratis, pero en República Dominicana, la justicia cuesta caro.
Y no se hagan ilusiones: este tema no sobrevivirá el asueto de Semana Santa. Cuando las playas se llenen y el ron fluya, las 231 víctimas serán solo un eco, un hashtag que nadie usa, una promesa rota más en un país que baila sobre sus propias ruinas. ¡Salud por la impunidad, y que viva el merengue!
