(Cuarta entrega)
Buenos días. República Dominicana no escapa a la vorágine de denuncias acerca de las perversidades politicas que la USAID impulsó y financió en América Latina y otras latitudes. Para sus fines, aquí entregó 600 millones de dólares en 10 años, según se ha revelado. Destaca que casi once millones de estos fueron canalizados por vía de Participación Ciudadana, una entidad que se identifica como “no partidista”, pero que sectores la vinculan a acciones dictadas por Estados Unidos con la finalidad de impulsar una agenda que afecta sensiblemente los intereses de la Patria, así como de sectores específicos de la política criolla. En esas acciones, algunas de las cuales conspiran contra la soberanía nacional, se vincula a medios, comunicadores y periodistas, quienes niegan haber recibido dinero y otros favores como pagos por ser activistas y voceros de campañas contra la Patria y para descalabrar la moral de determinados partidos, funcionarios y dirigentes específicamente del PLD. A la vez, por usar sus plataformas mediáticas para promover la cultura gay, defender la invasión pacífica de ilegales haitianos a nuestro territorio, impulsar el rechazo del aborto, entre otras acciones denunciadas. Aunque la opinión pública, con énfasis en las redes sociales, se adelantó en juzgar y condenar a los que ha señalado como “traidores”, se hace impostergable que el propio Departamento de Estado de los EE.UU., como lo han reclamado los Peledeístas, sea quien haga la experticia correspondiente y ofrezca al país resultados en los que se pueda creer. Así se prefiere tras considerarse que Participación Ciudadana, al igual que los señalados como asalariados, ofrecen pocas garantías de transparencia, independientemente de que se está consciente de que Estados Unidos, ante situaciones como estas y para proteger sus intereses, muchas veces se inclina por las negociaciones. No obstante, esa parece ser la vía más confiable y conveniente para esclarecer lo que se ha difundido, pero, además, porque en caso de verificarse lo denunciado, entonces el país se colocaría en condiciones de juzgar, condenar y hasta desterrar a todo el que se confirme traicionó la Patria de Duarte, Sánchez y Mella.
