Los puntos sobre la mesa

Por Pedro Cruz Pérez

Por años, la República Dominicana ha sido un país con un gran potencial minero, pero también con una historia de decisiones políticas que en muchos casos, han favorecido más a intereses privados que al bienestar de la nación. La reciente discusión sobre la explotación de tierras raras pone nuevamente en el centro del debate la necesidad de transparencia, regulación y justicia en el manejo de los recursos naturales.

En su más reciente pronunciamiento, el ex presidente Leonel Fernández ha sido claro y directo, la explotación de estos valiosos minerales debe realizarse con total transparencia, respetando las normativas medioambientales y garantizando beneficios reales para el país. Sus recomendaciones no solo son acertadas, sino que también evidencian un problema recurrente en la gestión de recursos estratégicos en la República Dominicana, como la discrecionalidad en la asignación de contratos y la falta de control sobre su ejecución.

El gobierno tiene la responsabilidad de asegurar que la explotación de tierras raras no sea un proceso manejado en la sombra. En países con alta demanda de estos minerales, como China y Estados Unidos, su extracción está regulada de manera estricta y supervisada por el Estado para evitar abusos. ¿Por qué en la República Dominicana se ha avanzado en estos estudios sin que la ciudadanía tenga acceso a información detallada? ¿Quiénes están detrás de estos acuerdos?

Las tierras raras son esenciales para la producción de tecnología avanzada, desde celulares hasta equipos de defensa militar. Su explotación puede representar una gran oportunidad económica para el país, pero también un riesgo ecológico si no se toman las precauciones adecuadas. La minería de estos elementos suele generar residuos tóxicos, por lo que es fundamental que cualquier proyecto incluya estrictas medidas de mitigación ambiental.

Fernández subraya que el Estado debe priorizar el interés nacional, asegurando que los beneficios económicos de esta actividad no se limiten a un pequeño grupo de inversionistas, sino que generen impacto positivo en el desarrollo del país. Esto implica renegociaciones de contratos si es necesario, para evitar situaciones en las que las empresas extranjeras se lleven la mayor parte de las ganancias, mientras el país asume los costos ecológicos y sociales.

Otro punto clave que plantea Fernández es la necesidad de una regulación clara y de una institucionalidad fuerte para supervisar este tipo de proyectos. No basta con firmar acuerdos si no hay un organismo competente y autónomo que fiscalice su cumplimiento. La historia ha demostrado que, sin supervisión adecuada, las concesiones mineras pueden convertirse en un canal de enriquecimiento ilícito para funcionarios y empresarios sin escrúpulos.

Aquí es donde radica el verdadero reto para el gobierno: demostrar que está dispuesto a manejar este proceso con ética y responsabilidad. Sin mecanismos de control efectivos, la explotación de tierras raras podría convertirse en otro capítulo más de corrupción y entrega de recursos a intereses foráneos, en detrimento del pueblo dominicano.

Más allá de la postura política que cada ciudadano pueda tener respecto al ex presidente Fernández, sus advertencias deben tomarse en serio. Exige transparencia, regulación y participación ciudadana, elementos esenciales en cualquier proceso que involucre recursos estratégicos. No es un capricho ni un discurso vacío; es un llamado de alerta en un momento clave.

La República Dominicana tiene la oportunidad de hacer las cosas bien y sentar un precedente en la gestión de sus riquezas naturales. Pero para ello, es imprescindible que la sociedad exija claridad, que los medios de comunicación fiscalicen el proceso y que la oposición juegue su rol de contrapeso.

Si el gobierno realmente busca el desarrollo del país, debe demostrarlo con hechos, no con decisiones a puertas cerradas. Las tierras raras pueden ser una bendición o una maldición, y todo dependerá de cómo se maneje este proceso. Leonel Fernández ha puesto los puntos sobre la mesa. Ahora le toca al gobierno demostrar de qué lado está.