Por Pedro Cruz Pérez
La frontera entre República Dominicana y Haití no es solo una línea geográfica, es un espejo de heridas históricas no cerradas de políticas migratorias fallidas y de un silencio institucional, que lejos de apaciguar el conflicto lo alimenta. Hoy, mientras el gobierno dominicano insiste en medidas reactivas como el muro fronterizo o el cierre unilateral de comercio. La raíz del problema se hunde en décadas de desencuentros, en una xenofobia que se normaliza y en una diplomacia que parece más interesada en el gesto que en la solución.
La ocupación haitiana (1822) y la posterior independencia dominicana (1844), dejó un resentimiento en el imaginario del pueblo haitiano, que requería de una iniciativa que dejara claro nuestra autodeterminación, como nación que reclamó su independencia con pleno derecho soberano, para que mediante acuerdo los ciudadanos de esa nación fueran educados sin la creencia histórica de un derecho que los textos haitianos han hecho oficial frente a su población; y que le hace creer que este territorio le pertenece, dando pie a una narrativa de odio y a un incipiente conflicto étnico.
En décadas recientes, la inmigración haitiana impulsada por la miseria y la inestabilidad en Haití chocó con políticas dominicanas marcadas por la ambivalencia, se depende de su mano de obra en sectores clave como la agricultura y la construcción, pero no se busca un mecanismo bilateral que le permita al país racionalizar la entrada de esa mano de obra conforme a la necesidad y a la cantidad requerida por la demanda laboral, garantizando la integración social y los derechos básicos a esos trabajadores.
La construcción del muro fronterizo, anunciada como una solución definitiva a la inmigración ilegal desproporcionada, es quizás el símbolo más claro de una política migratoria desarticulada. Mientras se erigen barreras físicas, no hay estrategias sólidas para regularizar el flujo, proteger derechos o implementar cooperación entre ambas naciones en la regulación migratoria y la seguridad. El resultado es una frontera porosa, pero militarizada; un sistema que deporta masivamente, pero que no previene el retorno del tráfico de personas ni el contrabando.
El pasado pleito por el canal en el río Masacre donde Haití permitió una obra que para República Dominicana constituye una amenaza a su soberanía, terminó con una movilización militar que pareció más un espectáculo de fuerza en vez de una acción diplomática. Perder ese pulso no solo reflejó debilidad institucional, sino también la falta de una agenda bilateral clara.
Lo más preocupante, sin embargo, es el auge de un discurso xenófobo entre ambos ciudadanos que ya no se esconde. En redes sociales, medios y comunidades, se queman banderas dominicanas, se corre el riesgo de linchamientos contra familias de seres humanos inocentes, mientras el propio gobierno denuncia la presencia de elementos peligrosos de las bandas haitianas en el territorio nacional, todavía no se conoce del primer arresto.
Del otro y de este lado de la isla, grupos haitianos alimentados por narrativas históricas revanchistas reclaman territorios y se organizan en enclaves donde ignoran leyes dominicanas. Ante esto, el gobierno dominicano guarda un silencio extraño. No hay campañas contra la discriminación, ni mesas de diálogo intercultural, ni siquiera un posicionamiento firme ante las acusaciones internacionales de racismo. La pasividad parece decir: «Que la gente resuelva». Pero cuando el resentimiento histórico se mezcla con pobreza y falta de educación, el conflicto étnico está a un paso de estallar.
El gobierno de la República Dominicana insiste en tratar el tema de Haití como un problema solo de seguridad, no como el de una nación que tiene su propio gobierno, que se tambalea en su crisis interna contra las bandas, por lo que nosotros estamos llamados a darle un espaldarazo frente a ese problema, pues es un peligro común para ambos. Eso no significa que asumamos interferir en sus derechos de soberanía, ni recibir una inmigración masiva de ilegales y mucho menos campos de concentración, que por cierto es la forma más auténtica de que se infiltren las bandas que allí gravitan; pero podemos cooperar en muchos otros aspectos, como en la inteligencia para el combate de la delincuencia, el narcotráfico, la inmigración ilegal, el contrabando y la mitigación del impacto del conflicto en la población desamparada de esa nación.
La debilidad diplomática de nuestro gobierno también es evidente ante los organismos de derechos humanos, nuestras defensas son tibias, reactivas y carentes de críticas. No se propone nada, ni planes de desarrollo fronterizo, ni acuerdos de cooperación, ni se niegan con pruebas, las mentiras del supuesto trato esclavista que según ellos les damos a los inmigrantes vecinos. El gobierno no tiene ni la más mínima idea de lo que hace, ni de lo que debe hacer frente a Haití.
El conflicto dominico-haitiano ya no es solo migratorio o fronterizo, es étnico, cultural y político. Cada quema de bandera, cada deportación masiva con retorno duplicado o triplicado de haitianos, cada discurso de odio, son leña para un fuego que podría consumir la estabilidad de la isla. El silencio del gobierno no es neutral, es cómplice. Urgen políticas migratorias integrales, una diplomacia proactiva, sobre todo, un esfuerzo por sanar las heridas del pasado. Si no, el muro de Luis Abinader, no será recordado como una solución, sino como el monumento a un fracaso histórico de la simulación.
