Buenos días. Faride Raful, la ministra de Interior y Policía, advirtió que se aplicarán “medidas mucho más fuertes” en contra de los motoristas que se desplazan sin el casco protector. La funcionaria reveló que se trabaja en dichas acciones que abarcarán tanto la parte legal como la preventiva, en vista de que los motoristas aportan «el 72 por ciento de las muertes de tránsito» en República Dominicana. El anuncio no deja de ser alentador, solo que, en honor a la verdad, no evita las dudas porque con anterioridad se formularon otros que solo existieron en los medios informativos. En ese contexto, cabe recordar lo prometido por el Intrant respecto a que “las motocicletas serán reguladas” y más reciente, que se procedería a “regular los deliverys”. Pero igual se anunció que “no se permitirá la circulación de motoristas sin su casco protector», aunque todo se ha limitado al desarrollo de operativos que dejan como resultado la incautación de decenas de motocicletas y la captación de algunos recursos económicos.¡Y el problema sigue su agitado curso! De ahí la esperanza de que, al menos en esta oportunidad, no se trate de un amago más, de un pronunciamiento para salir del paso, sino que haya de una vez por toda la definición de una política oficial que garantice superar el cáncer que representan los accidentes y sus secuelas de muertes y heridos. Aunque no sea del agrado de los políticos, hay que admitir que unos y otros han fracasado en los intentos por sujetar a la cintura de la ley, a más de 3 millones de motoristas de los que apenas se ha alcanzado regular un 26.8 por ciento. Reconocer, como lo admite la ministra, que estos aportan el mayor número de muertos y accidentados, lo que obliga al país a gastar alrededor de 200 mil millones de pesos al año para dar respuestas a las funestas consecuencias que ese desastre provoca a la nación. Ojalá que Faride se case con la gloria y que como nación, podamos superar definitivamente tan terrible lastre.
El editorial de Perfecto Martínez aborda con acierto la urgencia de implementar políticas efectivas y duraderas para reducir los alarmantes índices de accidentes de tránsito en República Dominicana, donde el 72% de las muertes involucran a motoristas sin casco. Coincido plenamente en que los anuncios mediáticos y operativos esporádicos, como la incautación de motocicletas, resultan insuficientes si no van acompañados de una estrategia integral que combine regulación estricta, educación vial y fiscalización constante. Es preocupante que, tras años de promesas, solo el 26.8% de los motoristas estén debidamente regulados, lo que refleja un fracaso sistémico. Apoyo la crítica constructiva hacia la clase política y comparto la esperanza de que esta vez las autoridades prioricen una solución definitiva, más allá de medidas cosméticas, para evitar que el costo humano y económico, estimado en 200 mil millones de pesos anuales siga ensombreciendo al país.