La decisión del gobierno de Luis Abinader de autorizar a Estados Unidos el uso de la Base Aérea de San Isidro y el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA) para operaciones logísticas “antinarcóticos” ha reavivado un viejo fantasma nacional: el de la entrega silenciosa de soberanía bajo el disfraz de cooperación. No se trata de un trámite técnico, ni de un gesto rutinario entre aliados. Se trata de una decisión trascendental, tomada sin la transparencia institucional ni el debate democrático que la Constitución exige y que la historia aconseja.
Una decisión que supera con creces los acuerdos existentes
El Gobierno ha intentado justificar la autorización alegando que forma parte de acuerdos de interdicción firmados en 1995 y 2003. Pero es evidente que habilitar instalaciones tan estratégicas para aviones cisterna KC-135 y aeronaves C-130 Hércules no es una mera ampliación operativa: es un acto nuevo, específico y de profundo significado geopolítico. No es lo mismo interceptar naves ilícitas en coordinación con otro país, que permitirle a una superpotencia establecer operaciones logísticas desde tu territorio, utilizando dos de tus piezas más sensibles en materia militar y civil.
Juristas, analistas de seguridad y constitucionalistas coinciden: este tipo de autorización debió pasar por el Congreso Nacional. La Constitución dominicana establece con claridad meridiana que la presencia, operación u autorización de fuerzas extranjeras debe contar con el aval legislativo. No es una opción; es una obligación. Saltarse ese requisito no solo viola la letra de la ley, sino que debilita el sistema de pesos y contrapesos, dejando al país vulnerable ante decisiones unilaterales del Poder Ejecutivo.
El pueblo sin voz, el Congreso ignorado
El mayor costo político no es la autorización en sí misma, sino el proceso opaco mediante el cual se aprobó. En vez de abrir el debate, presentar los términos, discutir las implicaciones y asumir la responsabilidad ante la ciudadanía, el gobierno optó por un camino expedito, casi clandestino, justificando su decisión a posteriori.
La ausencia del Congreso no es un tecnicismo. Es la exclusión deliberada del único espacio donde el pueblo está constitucionalmente representado. Es evitar la deliberación pública sobre un tema que podría comprometer profundamente la seguridad nacional y la autonomía estratégica del país.
Es, en suma, un precedente peligroso: si hoy se autoriza el uso logístico de nuestras bases sin control legislativo, mañana ¿qué otra cesión podría hacerse bajo ese mismo silencioso método?El truco semántico de lo “temporal”
Las autoridades insisten en que el acuerdo es “temporal”. Pero todos sabemos que, en la diplomacia estadounidense, lo temporal puede durar tanto como lo requieran sus intereses. Sin fechas, sin límites numéricos, sin condiciones claras, el adjetivo pierde significado. ¿Quién define el final de esa “temporalidad”? La respuesta, aunque el Gobierno no la diga en voz alta, es sencilla: Estados Unidos.
Esa ambigüedad no es casual. Es funcional. Cuanto más vagos los términos, mayor margen de maniobra para quienes operarán desde nuestras instalaciones. La República Dominicana, en cambio, queda atrapada en un espacio nebuloso, en el que el uso del territorio depende más de la necesidad ajena que de la voluntad propia.
¿Antinarcóticos… o geopolítica pura y dura?
El discurso oficial reduce todo a “cooperación antinarcóticos”. Pero el contexto regional cuenta otra historia. La creciente tensión entre Washington y Caracas ha reposicionado el Caribe como un punto neurálgico para las operaciones estadounidenses. El uso de bases dominicanas coincide milimétricamente con este proceso. Y el Caribe oriental, incluyendo nuestro territorio, constituye una plataforma ideal para vigilancia, apoyo logístico, reabastecimiento y proyección militar.
Para un sector creciente de analistas regionales, la supuesta agenda antinarcóticos es, cuando menos, una coartada conveniente para reforzar la presencia militar estadounidense en un espacio desde el cual puede presionar más directamente al gobierno de Nicolás Maduro y asegurar influencia sobre los vastos recursos de Venezuela.
En ese contexto, permitir operaciones en San Isidro y el AILA coloca a la República Dominicana dentro del perímetro geoestratégico de una disputa que no le pertenece, pero cuyos riesgos sí tendría que asumir. No seríamos protagonistas, pero sí escenario. Y, peor aún, podríamos ser señalados por países de la región como pieza útil y dócil de una estrategia ajena.
¿Alianza o subordinación?
El término que muchos dominicanos han empezado a usar —“arrodillamiento”— puede sonar duro, pero describe con precisión la sensación pública: la idea de que el país está cediendo autonomía para alinearse sin reservas con una potencia que históricamente actúa según sus propios intereses, no los nuestros. Una alianza equilibrada implica beneficios compartidos, deliberación conjunta y respeto a la institucionalidad del socio menor. Nada de eso ocurre aquí.
Por el contrario, este episodio deja entrever una peligrosa combinación: un gobierno ansioso por complacer y una potencia dispuesta a aprovechar la debilidad institucional para avanzar sus objetivos en la región. El resultado es un país cuya política exterior parece definirse más en embajadas ajenas que en su propio Palacio Nacional.
Una lección que la historia ya nos contó
Las intervenciones estadounidenses en 1916 y 1965 no son anécdotas pasadas: son advertencias permanentes. La presencia militar extranjera, incluso la que comienza bajo pretextos nobles, tiende a expandirse, profundizarse y perpetuarse. La soberanía no se pierde de un solo golpe; suele diluirse en pequeñas concesiones que, con el tiempo, se normalizan.
Por eso decisiones como esta deben tomarse con máxima transparencia, absoluto rigor institucional y profundo sentido histórico. No hacerlo abre puertas que luego son difíciles de cerrar.
Un futuro en juego
Al evitar el escrutinio legislativo y mantener los detalles del acuerdo en penumbra, el gobierno de Luis Abinader no solo ha comprometido la integridad constitucional del país, sino que ha puesto a la República Dominicana en una posición vulnerable dentro de un tablero geopolítico que no controla. El costo de esta decisión puede no verse mañana, pero sus consecuencias podrían marcar las próximas décadas.
Defender la soberanía no es un acto romántico ni un gesto patriótico vacío. Es un ejercicio permanente, legal y vigilante. Y hoy, más que nunca, ese ejercicio exige alzar la voz y exigir que la República Dominicana deje de comportarse como peón y empiece a reclamar su lugar como nación libre, digna y consciente de su propia historia.
