Por Pedro Cruz Pérez
La salud, pilar innegable del bienestar social y derecho fundamental, se encuentra hoy en la República Dominicana bajo una amenaza velada pero palpable. La asfixiante crisis del Seguro Nacional de Salud (SENASA), a pesar de las voces oficiales, que con cifras supuestamente elocuentes, intentan desmentir el colapso, revela una realidad que viven millones de dominicanos y que resuena con fuerza en todo el ecosistema de salud: SENASA está quebrado, y el Gobierno parece empeñado en ocultar la raíz profunda de este hecho tras una cortina de populismo y mala gerencia.
Los partidos Fuerza del Pueblo (FP) y de la Liberación Dominicana (PLD), a través de figuras como Fernando Caamaño, Yván Lorenzo y Ramón Alvarado, han sido contundentes en sus denuncias: el déficit operacional acumulado del régimen subsidiado asciende a la alarmante cifra de RD$3,372.8 millones. Esta hemorragia financiera, que según ex funcionarios como Chanel Rosa Chupani alcanzó un déficit técnico de RD$5,000 millones en el último año y requirió por primera vez un subsidio gubernamental de RD$3,000 millones, evidencia una gestión desastrosa. Antes de 2020, SENASA era una institución eficiente y autosuficiente, pero bajo la administración actual se ha convertido en un barril sin fondo.
Las consecuencias de esta debacle no son meros números. La morosidad en los pagos a clínicas, farmacias, laboratorios y profesionales de la salud ha escalado vertiginosamente, pasando del 0.97 % en 2020 al 46.02 % en 2023, manteniéndose en un 44 % en 2024. El presidente de la Asociación Nacional de Clínicas y Hospitales Privados (ANDECLIP), Dr. Rafael Mena, ha advertido que las clínicas privadas están al borde del colapso. Decenas de centros han cerrado sus puertas, asfixiados por tarifas congeladas que no compensan una inflación acumulada del 109 % desde la promulgación de la Ley 87-01, sumado a los retrasos en los pagos y las prácticas de notas aclaratorias que rechazan servicios ya ofrecidos. Las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS), incluyendo SENASA, no han actualizado sus tarifas, poniendo en riesgo la calidad y accesibilidad de servicios esenciales, con un impacto que recae directamente sobre los pacientes a través de mayores copagos o mejor dicho diferencias.
La raíz de esta crisis, lejos de deberse a una simple sobrecarga de afiliados, como argumenta Félix Correa, se encuentra en la irresponsabilidad populista de haber afiliado ilegalmente a más de dos millones de personas al régimen subsidiado, sin la debida validación de su condición de pobreza, con fines puramente electorales. Esto, sumado a una cápita fija que no se ajusta a la inflación desde hace años, ha obligado a SENASA a contratar servicios costosos en el sector privado para cumplir su mandato legal, exacerbando aún más su situación financiera.
Mientras el director de SENASA, Santiago Hazim, y el superintendente de la SISALRIL, Miguel Ceara Hatton, insisten en que la entidad no está en quiebra y que cuenta con el respaldo total del Gobierno, la realidad se impone. Las inyecciones de recursos de las que presumen no son un signo de fortaleza, sino un paliativo que desnuda la falta de planificación y el desorden institucional. La propuesta de retirar RD$10,000 millones de las reservas del IDOPPRIL para cubrir las deficiencias de SENASA es una ignominia que pone en riesgo los fondos de los trabajadores.
No se trata de desinformación, sino de una crisis gestada por decisiones políticas que priorizan la carnetización masiva sobre la sostenibilidad del sistema. Es una afrenta a la transparencia y a la rendición de cuentas que el Gobierno intente ocultar la gravedad de la enfermedad del sistema sanitario del país. La salud no puede ser rehén de coyunturas electorales; es una obligación impostergable garantizar su estabilidad y crecimiento sobre la base de criterios técnicos, transparencia y auténtica responsabilidad social. La intervención de SENASA no debe sustentarse en transferencias extraordinarias y paliativos, sino en un financiamiento estructural, justo y conforme a la ley. Porque entonces, las explicaciones evasivas del Gobierno nos llevarían a esta pregunta incomoda: ¿Si el problema no está en el mal manejo, debemos esperar entonces, un efecto dominó en las demás ARS del sistema?
