Buenos días. El incumplimiento de la declaración jurada de bienes es otra necedad política en República Dominicana. La sociedad no entiende por qué hay tanto desinterés en cumplir con una disposición legal en la que se pensó como una de las herramientas de prevensión de la corrupción administrativa. Y lo que bulle en la mente de muchos dominicanos, es que la resistencia a revelar los bienes al entrar y luego al salir del desempeño de un cargo público, tiene que ver con intenciones de ocultar lo que en principio se tiene y luego lo que se sumó a esas pertenencias. Es más, no pocos deducen que detrás de la violación a la ley y debido a la flojera en cuanto a aplicar consecuencias, mal intencionados prefieren ignorar el procedimiento y de esa manera tener puerta franca para cargarse bienes propiedad del pueblo dominicano. Nada justifica que, según la Cámara de Cuentas, unos 130 jueces y procuradores, 72 diputados y 5 senadores del Congreso, 326 funcionarios de diferentes estamentos públicos, no cumplen al dí de hoy con la declaración jurada de sus bienes. Esos violadores del ordenamiento jurídico, muchos de los cuales aprueban las leyes en el Congreso y otros la aplican en los tribunales, son protagonistas de poca monta de un infeliz show que no solo se traduce en mal ejemplo para la sociedad, sino que les reduce a violadores conscientes del deber. Es una infeliz práctica que se repite una y otra vez, todo un espectáculo que pareciera provocado por muchachos que ensucian su ropita cuando comen. ¿Qué impide evitar el espectáculo? La sabiduría popular tiene sus interpretaciones y versiones acerca del infeliz tema, prevaleciendo casi siempre la creencia, la sospecha, de que la violación al mandato legal es marcadamente intencional e interesada.
