Buenos días. Cada minuto que pasa deja al descubierto nuevas huellas de dolor e imágenes que dibujan rostros de destrucción y desalientos, ahí en la Venezuela golpeada por furiosos terremotos. El país es asaltado por la vulnerabilidad extrema, mientras aumentan las cifras de fallecidos, heridos y desaparecidos. El escenario solo tiene espacio para que brote espontanea, de todos lados y en diferentes modalidades, la expresión franca de solidaridad, sin límites ni condiciones. Por eso la ocasión es propicia para exigir, no pedir, el levantamiento inmediato de las sanciones que aún mantienen Estados Unidos y la Unión Europea, una necesidad imperiosa que deja de ser un debate meramente geopolítico para convertirse en un imperativo ético y humanitario. Ante esta catástrofe de dimensiones históricas, mantener las sanciones económicas no es una postura política legítima, es una complicidad criminal con el sufrimiento humano. Ese entramado de sanciones genera un bloqueo financiero de facto puesto que las entidades financieras internacionales prefieren congelar fondos y rechazar transacciones destinadas a Venezuela, antes que arriesgarse a multas multimillonarias. Mientras se debate la burocracia de los permisos, las réplicas siguen cayendo sobre una población que carece de insumos médicos básicos, plantas eléctricas de emergencia y maquinaria pesada para rescatar a los sobrevivientes atrapados bajo el concreto. Venezuela urge que la comunidad internacional no sega lavándose las manos con retórica solidaria mientras mantiene el pie en el cuello de su economía. Exigir la suspensión inmediata e incondicional de esas medidas coercitivas no es una concesión ideológica, es un mínimo de decencia humana. Prolongar ese bloqueo en medio de la peor crisis humanitaria del siglo en la región, es convertir las sanciones en un arma de destrucción masiva contra un pueblo en ruinas. La historia juzgará esta inacción no como diplomacia, sino como una calculada crueldad.
