En la República Dominicana se ha vuelto costumbre que los gobiernos prometan políticas migratorias firmes, pero a la hora de ejecutarlas se impongan la hipocresía, la inercia o la conveniencia. El caso del presidente Luis Abinader no es la excepción. A pesar de su discurso patriótico y de las medidas cosméticas anunciadas durante su gestión, la realidad es que el gobierno ha fracasado estrepitosamente en controlar la migración irregular, especialmente la de origen haitiano. Este fracaso no solo amenaza nuestra seguridad y economía, sino también la continuidad misma del Estado dominicano como nación soberana.
Uno de los fracasos más evidentes de la actual administración es la violación sistemática del artículo 135 del Código de Trabajo y el artículo 129 de la Ley 285-04 de Migración, que establece que, al menos el 80 % de los trabajadores en cualquier empresa deben ser dominicanos. Sin embargo, la realidad contradice la ley. En sectores como la construcción, la agroindustria y la seguridad privada, estudios del Ministerio de Trabajo y de medios especializados han mostrado que entre 60 % y 75 % de los empleados son haitianos, muchos de ellos en condición irregular.
Esta situación no solo viola la ley, sino que desplaza al trabajador dominicano y deteriora las condiciones laborales generales. La razón de fondo es económica: a muchos empresarios les resulta más rentable contratar mano de obra extranjera barata, sin beneficios ni seguridad social, en una clara complicidad con las autoridades que hacen la vista gorda. Aquí la ley se aplica solo al más débil.
El gobierno se ha vanagloriado del llamado «muro fronterizo inteligente», pero en los hechos, la frontera dominico-haitiana sigue siendo una de las más vulnerables del continente. A pesar de los recursos invertidos y del despliegue militar, el tráfico de personas y mercancías ilegales se mantiene constante. Organizaciones internacionales, medios de investigación como ¨El Informe con Alicia Ortega¨ y testimonios locales han evidenciado que militares dominicanos en la zona fronteriza aceptan sobornos para permitir el paso de ilegales, a menudo en vehículos oficiales o de transporte colectivo, sin controles efectivos.
En 2023, Migración deportó a más de 175,000 haitianos, según cifras oficiales. Pero este número apenas refleja la magnitud del problema: por cada deportado, entran al país muchos más. Se trata de una frontera ficticia, en la que el Estado pierde soberanía y, a cambio, una red de corrupción se fortalece.
Paradójicamente, mientras se tolera el ingreso masivo de ilegales, los operativos migratorios en zonas urbanas se han convertido en una fuente de abuso y corrupción. En lugar de políticas migratorias claras y justas, lo que existe es una práctica habitual de extorsión. Organizaciones de derechos humanos han documentado cómo agentes migratorios y policías detienen a haitianos, les confiscan celulares y dinero, y exigen pagos para liberarlos, sin cumplir con los debidos procesos de deportación.
Estas prácticas no solo son ilegales y crueles, sino que convierten la migración en un negocio informal para miembros del Estado, alimentando un sistema paralelo de corrupción. En vez de una política migratoria seria, hay una represión selectiva y mercantilizada, funcional a quienes viven del caos.
Uno de los temas más sensibles es el impacto de la migración irregular en el gasto público. El Sistema Nacional de Salud (SNS) estimó que más del 30 % de los partos en hospitales públicos en 2022 correspondió a madres haitianas. Estos partos, junto con las atenciones neonatales, representaron más de 5,000 millones de pesos del presupuesto estatal, según reportes internos del Ministerio de Salud.
En educación, más de 95,000 niños de nacionalidad o ascendencia haitiana están matriculados en el sistema público, según datos del MINERD. Esto representa una carga significativa para un sistema ya sobrecargado, con aulas hacinadas, escasez de maestros y una inversión per cápita que sigue siendo de las más bajas de América Latina.
Pero ¿por qué no se denuncia esto abiertamente? Porque decirlo incomoda a organismos internacionales, ONGs extranjeras y ciertos sectores empresariales y políticos que lucran o se benefician de esta situación. El costo lo paga el pueblo dominicano, que recibe menos servicios mientras financia el caos.
Esta situación tiene responsables y beneficiarios claros:
– Empresarios inescrupulosos que abaratan costos con mano de obra ilegal.
– Autoridades corruptas que reciben pagos por cada persona traficada o liberada.
– ONGs y organismos internacionales que imponen agendas globales a cambio de financiamiento o diplomacia.
– Políticos sin visión nacional, que temen aplicar la ley por temor a represalias mediáticas o diplomáticas.
¿Y por qué no se aplica la ley, si la solución es tan sencilla como cumplirla? Porque falta voluntad política. Porque es más cómodo simular que actuar. Porque algunos prefieren ceder la soberanía antes que enfrentar el costo político de ser firmes.
Más allá de lo legal y lo económico, el drama es cultural y existencial. La presencia masiva de extranjeros sin arraigo ni integración amenaza con diluir los valores, símbolos y costumbres que definen nuestra dominicanidad. Las comunidades en la frontera y en muchas zonas urbanas sienten que están dejando de ser dominicanas, y no por xenofobia, sino por la imposición silenciosa de otra cultura, otro idioma y otro orden.
La nación dominicana ha sido históricamente solidaria, pero no puede seguir siendo el único sostén de un país colapsado como Haití. Esa carga debe ser compartida internacionalmente, y nuestra política migratoria debe responder a nuestros intereses nacionales, no a presiones externas.
La política migratoria de Luis Abinader ha sido, en el mejor de los casos, ineficaz; y en el peor, funcional a intereses que amenazan la República. Se ha permitido la violación de la ley laboral, se ha tolerado el tráfico de ilegales en la frontera, se han institucionalizado los abusos contra indocumentados, y se ha sobrecargado al Estado en salud y educación sin respuesta estructural.
No es odio al extranjero lo que impulsa estas críticas. Es amor a la patria, es defensa de nuestra soberanía y nuestro futuro. El pueblo dominicano tiene derecho a existir como tal, con su identidad, sus recursos y sus instituciones protegidas. El tiempo se agota. Si el gobierno no cambia el rumbo, podríamos estar presenciando no solo el colapso de la política migratoria, sino el inicio de una crisis de nación. Y cuando un país deja de defender su territorio, su cultura y su legalidad, deja de ser una nación soberana y se convierte en tierra de nadie.
