Han transcurrido nueve meses desde que Luis Abinader, presidente de la República Dominicana y líder del Partido Revolucionario Moderno (PRM), lograra su reelección el 19 de mayo de 2024. Sin embargo, las preguntas sobre los RD 777,601,487.92 declarados por el PRM como gastos en su campaña, siguen sin respuestas claras. Lo que en su momento se presentó como un triunfo contundente, hoy se mira con escepticismo: la opacidad en el financiamiento, las denuncias de uso de recursos estatales y la desproporción en gastos publicitarios han dejado una huella imborrable en la confianza democrática.
Aunque la Junta Central Electoral (JCE) validó los gastos del PRM como «técnicamente legales», auditorías independientes exigidas por organizaciones civiles como Participación Ciudadana y Transparencia Internacional han topado con un muro de silencio. De las 17 denuncias por presunto desvío de fondos públicos presentadas ante la Cámara de Cuentas en 2024, solo 3 avanzaron a investigaciones preliminares, y ninguna ha concluido. Peor aún: documentos clave, como contratos de publicidad y transferencias bancarias, permanecen bajo reserva bajo el argumento de «protección de datos personales».
Un informe de Transparencia Electoral RD, publicado en enero de 2025, evidenció que al menos 9 de las 12 instituciones señaladas en 2024 —incluyendo el Ministerio de Obras Públicas y varias alcaldías— mantuvieron patrones de contratación irregular durante el último trimestre de 2024, con adjudicaciones directas a empresas vinculadas a operadores del PRM. «No es solo un problema del pasado: el clientelismo persiste como mecanismo de financiamiento político», denunció el economista Antonio Rosario en una entrevista reciente.
La desproporción en gastos publicitarios que marcó abril de 2024 (RD 107.9 millones del PRM vs. RD 26 millones del PLD y menos de 9 millones de la Fuerza del Pueblo) no fue un hecho aislado. Datos de la consultora MediaTracker RD muestran que, entre junio de 2024 y febrero de 2025, el oficialismo mantuvo una presencia en medios 3 veces superior a la de la oposición, incluso fuera de períodos electorales. Anuncios sobre «logros de gobierno» —pagados con fondos estatales— han sido cuestionados por su tono proselitista, aprovechando vacíos legales en la Ley 15-19 que no definen límites claros entre información pública y propaganda política.
«Es una estrategia de ocupación permanente del espacio público», criticó Laura Sánchez, abogada electoral. «Mientras otros partidos apenas sobreviven con donaciones privadas, el PRM usa la maquinaria estatal para mantenerse en la mente de los votantes».
La percepción ciudadana, lejos de mejorar, se ha deteriorado. Una encuesta de CID Gallup República Dominicana de febrero de 2025 revela que el 68% de los dominicanos cree que el PRM usó fondos públicos en su campaña (5 puntos más que en 2024), y el 76% considera que las instituciones «protegen al poder en lugar de fiscalizarlo». Para María Tavárez, socióloga política, esto refleja un círculo vicioso: «La impunidad consolida un modelo donde ganar elecciones justifica cualquier medio, incluso violar la ley».
El caso más emblemático de esta impunidad sigue siendo los audios de Diario Libre de marzo de 2024, donde un funcionario de Hacienda hablaba de «ajustes presupuestarios» para apoyar la campaña. Pese a que la Procuraduría General admitió en octubre de 2024 que existían «indicios de irregularidades», el expediente fue archivado por «falta de colaboración de testigos clave». Para muchos, esto confirma que el Estado no está diseñado para sancionar a sus propios operadores.
La comunidad internacional ha comenzado a notar las grietas. En diciembre de 2024, el Departamento de Estado de EE.UU. incluyó a la República Dominicana en su informe anual sobre prácticas anticorrupción, señalando «debilitamiento de los controles electorales» y «uso de recursos públicos con fines partidistas». Aunque el gobierno lo tachó de «injerenciasta», el daño reputacional es tangible: según el Índice de Percepción de la Corrupción 2024 de Transparencia Internacional, el país cayó 8 puestos respecto a 2023, ubicándose en el puesto 137 de 180.
Nueve meses después, la victoria del PRM sigue siendo una «ficción legal», como la definió el analista Juan Jiménez. La falta de voluntad para investigar, la normalización del gasto desbalanceado y la complicidad institucional han convertido lo que pudo ser un caso aislado en un precedente peligroso.
Abinader, quien llegó al poder en 2020 prometiendo «transparencia radical», hoy gobierna bajo la paradoja de una popularidad alta (55% según CID Gallup) y una legitimidad en entredicho. Mientras, la oposición, fragmentada y sin recursos, no logra capitalizar el descontento. La pregunta ahora no es qué pasó en mayo de 2024, sino cuánto más podrá resistir la democracia dominicana antes de que el abuso de recursos públicos se convierta en la norma.
