La política dominicana, a menudo, se percibe como un ciclo recurrente de promesas, retos y la persistente sombra de la corrupción. El actual gobierno del presidente Luis Abinader no ha sido la excepción a esta norma histórica, a pesar de sus declaraciones y acciones en contra de la impunidad. Con el horizonte del 2028 cerrando la puerta a una nueva reelección presidencial para el mandatario, el país se adentra en un escenario predecible: la inevitable efervescencia partidaria interna, donde los apetitos voraces de una estructura gubernamental, históricamente clientelista, se alinearán en torno a los potenciales aspirantes al solio presidencial. ¿Qué le depara al presidente Abinader y a la nación cuando la lealtad de los servidores públicos se desplace hacia intereses partidarios y pre-electorales? El próximo turno al bate (candidato) promete ser una prueba crucial para nuestra frágil institucionalidad.
El presidente Luis Abinader llegó al poder en 2020 con una bandera de cambio, transparencia y lucha frontal contra la corrupción en su retórica, una promesa que él mismo criticó con dureza en administraciones pasadas. Su compromiso con un gobierno abierto, transparente y accesible fue reiterado, y se impulsaron iniciativas como la creación de la Comisión Presidencial de Transparencia y Anticorrupción (CPTA) mediante el Decreto 76-25, con el objetivo de integrar y coordinar estrategias gubernamentales de prevención y acceso a la información pública. De alguna manera eso bastó para que consiguiera una mejora en el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional. Lo que no se ha medido es la opinión del propio pueblo que vive y sufre los efectos del flagelo en los hospitales y el resto de los servicios públicos.
La realidad ha demostrado ser más obstinada que las intenciones. A medida que avanza la gestión, la percepción de la ciudadanía es que la mancha de la corrupción persiste. Han surgido denuncias de irregularidades y destituciones de funcionarios en diversas instituciones, incluyendo casos en las provincias donde se habían detectado múltiples denuncias de irregularidades. La crítica más recurrente, como señaló la sociedad civil, es que el Ministerio Público ha concentrado sus recursos en investigar casos de la administración pasada, mientras que la mayoría de los casos vinculados a la gestión actual, a pesar de las desvinculaciones de cargos, no han sido debidamente procesados o han resultado en absoluciones por expedientes débiles.
El sistema político dominicano es, en su esencia, hiperpresidencialista, donde el poder del Presidente tiende a influir y, en muchos casos, a condicionar a los otros poderes del Estado, incluyendo el Congreso y la justicia. Esta concentración de poder, paradójicamente, genera un entorno donde la corrupción se convierte en una condición necesaria de la acción clientelista. Los recursos públicos, el acceso al poder central, y la promesa de favores se transforman en herramientas de cohesión para las facciones dentro del partido gobernante. Los séquitos o círculos cercanos a los líderes políticos buscan asegurar su permanencia en el poder, no por mérito o convicción, sino por el acceso a recursos estatales, lo que convierte a la gestión pública en un ejercicio federativo de jefaturas políticas.
Con el 2028 a la vista y el presidente Abinader inhabilitado constitucionalmente para buscar un nuevo mandato, la lucha interna por la sucesión se intensificará. Los servidores públicos, conscientes de que sus puestos y el flujo de favores dependen del control del aparato estatal, comenzarán a alinearse con los distintos precandidatos dentro del Partido Revolucionario Moderno (PRM). Esta política de facción, intrínseca al sistema de partidos dominicano, se expresará no solo en debates internos, sino en un trasiego de lealtades y un uso exacerbado de los recursos públicos para la compra de votos y agrietando la unidad del partido gobernante.
En última instancia, el próximo turno al bate o candidato del 2028 del oficialismo, será una prueba de fuego para la madurez del presidente, que deberá decidir si permite que la corrupción manche su gestión por apetencias de aspiraciones presidenciales aventureras, mientras el pueblo tiene sus ojos puesto en un relevo diferente y más esperanzador. El presidente está en el deber de desincentivar la búsqueda de poder a través de la cooptación y el beneficio personal y sentar las bases para una política donde el servicio público prime sobre los intereses partidarios y faccionales. Solo así, la tan anhelada transparencia y la confianza ciudadana en nuestras instituciones podrán consolidarse. Lo contrario sería perpetuar un ciclo que, en cada nueva contienda, amenaza con corroer aún más las bases de nuestra precaria democracia.
