Por Pedro Cruz Pérez

La reciente convocatoria del presidente Luis Abinader a los líderes de los partidos políticos para discutir la acuciante crisis migratoria haitiana es necesaria, pero enfrenta obstáculos significativos, como la erosión de la confianza y la percepción de que las políticas implementadas hasta ahora carecen de un plan integral y coherente. Partiendo de los antecedentes y las diversas opiniones vertidas en el debate público, se vislumbran profundas grietas que dificultan un diálogo sincero y productivo con la oposición dominicana.
La crítica principal radica en la percepción de que el gobierno ha utilizado el tema migratorio con fines políticos. Las denuncias de que se instrumentaliza la crisis para capitalizar réditos políticos ha minado la credibilidad del llamado a la unidad nacional. Cuando la oposición percibe que un tema tan sensible y crucial para el país se convierte en herramienta de propaganda, la disposición de sentarse en la mesa de diálogo con una actitud constructiva disminuye considerablemente.
La falta de un plan de Estado a largo plazo, más allá de las acciones de control, es otra fuente de desconfianza. A pesar de los anuncios de las 15 medidas y el énfasis en la consistencia de la política migratoria por parte de funcionarios gubernamentales, la oposición y otros actores sociales demandan una visión más amplia que aborde las múltiples aristas del problema, incluyendo la cooperación internacional, la gestión humanitaria dentro del marco legal y una estrategia clara para el desarrollo de la zona fronteriza. La ausencia percibida de esta planificación integral alimenta la idea de que el gobierno navega sin un rumbo definido, reaccionando a las circunstancias en lugar de anticiparse a ellas.
La desconfianza se acentúa al recordar episodios pasados, como la firma de un pacto sobre la crisis haitiana al que no se sumaron los principales partidos de oposición. Este antecedente crea la impresión de que, a pesar de la retórica inclusiva, el gobierno prefiere avanzar con un grupo limitado de actores, dejando de lado a fuerzas políticas con representación significativa.
En este contexto, la invitación al diálogo, aunque formalmente extendida, se enfrenta a la reticencia de una oposición que no quiere ser simplemente un «vagón de cola» de las políticas gubernamentales, como lo dijo recientemente el Dr. Leonel Fernández. Líderes opositores han condicionado su participación a la garantía de un diálogo genuino, donde se escuchen y consideren sus propuestas, y donde se busque un verdadero acuerdo de carácter nacional, no un simple respaldo incondicional al gobierno.
Para que el diálogo propuesto por el presidente Abinader tenga alguna posibilidad de éxito, es imperativo que el gobierno reconozca la existencia de esta crisis de confianza. Se requiere un cambio de enfoque que priorice la transparencia, la presentación de un plan claro y estructurado. De lo contrario, la convocatoria al diálogo corre el riesgo de convertirse en un mero gesto protocolar, incapaz de unir a las fuerzas políticas en torno a un tema que, por su magnitud y complejidad, demanda una respuesta concertada y alejada de las pugnas partidistas. La falta de confianza acumulada y políticas erradas, constituyen el principal obstáculo para lograr avances significativos en el control migratorio haitiano con la participación abierta de las fuerzas vivas de la nación.