Buenos días. El primero de octubre de este año fue la fecha indicada por Haití para poner en marcha la prohibición de entrada a su territorio de alimentos procedentes de República Dominicana, que según ellos no cumplan un conjunto de requisitos exigidos. Entre los requerimientos destacan un registro sanitario y etiquetas para los productos alimenticios en francés y en creole origen, fecha de fabricación y contenido nutricional y otros. Estamos ante la reedición de situaciones que en varias ocasiones, contra alimentos y productos criollos, adoptan las “autoridades” haitianas con lo que siempre crean dificultades para sus propias gentes y los productores e industriales dominicanos. Ha pasado con los embutidos, huevos, carne de pollo, plásticos, cemento y otros. Nadie niega el derecho de una nación y sus autoridades a dictar las normas que aseguren una alimentación adecuada a sus ciudadanos. Tampoco hay la intención de negar el derecho de Haití a establecer un régimen aduanero basado en normas que proporcionen orden y generen ingresos para la empobrecida nación, pero el problema es que Haití no está en condiciones de regular nada y menos en posibilidad de restringir la entrada de alimentos que contribuyen a saciar el hambre y la miseria de millones de pobres que no saben qué comer. Parecería que no hay valoración alguna a lo que aportamos en beneficio de la mano de obra haitiana, que no solo genera millonarios ingresos para sus familiares del otro lado, sino que representa una de las fuentes que más impacta a la debilitada economía haitiana. No se presta ninguna importancia a los millares de empleos que su gente tiene en el país, tampoco a los millonarios recursos que nos gastamos en los servicios, en educación y atenciones de salud, que se le ofrece al haitiano gratuitamente en nuestro país. ¿Será una retaliación ante el derecho que tiene la nación dominicana de actuar contra los ilegales que pueblan su terruño? El tema es complejo, muy vasto, razones que nos obligan a volver…
