La crisis que asola a Haití, calificada como la más grave en seguridad y gobernanza del hemisferio occidental, ha alcanzado niveles catastróficos que desafían la conciencia global. Estamos presenciando no solo el colapso de un Estado, sino una desgracia humanitaria de dimensiones abrumadoras, perpetuada por la inacción selectiva y la falta de voluntad política tanto interna como externa. Haití es un conflicto de alta intensidad, que irónicamente carece de los incentivos geopolíticos necesarios para que su solución sea apadrinada con la firmeza que la tragedia exige.
El corazón de la nación, Puerto Príncipe, está en manos de grupos criminales que controlan hasta el 90% de la capital. La violencia ha dejado un rastro de horror implacable, cobrando la vida de más de 16,000 personas tan solo desde el 2022, y ha provocado un desplazamiento masivo de casi 703,000 haitianos, de los cuales el 25% son menores de edad.
La dimensión humana de esta crisis es espeluznante. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha documentado asesinatos masivos, violencia sexual sistemática como arma de intimidación, y el reclutamiento de menores, además de ataques directos a escuelas y hospitales. Para la mitad de la población, el desafío diario es simplemente acceder a alimentos, situando a Haití entre los países con las tasas más altas de inseguridad alimentaria aguda a nivel mundial.
Pero esta convulsión no es un fenómeno espontáneo, sino el producto tóxico de un Estado estructuralmente ausente y de la corrupción endémica. La inestabilidad política crónica es alimentada por élites que se enfocan en las luchas de poder, ignorando la seguridad y perpetuando la crisis de gobernabilidad. Esta lucha por el reparto del poder, en lugar de la seguridad, es el lastre que arrastra a la nación.
Frente a esta catástrofe, la respuesta internacional se ha mostrado ineficaz y fragmentada. A pesar de haber recibido ocho misiones de la ONU desde 1993, ninguna ha logrado una solución estable o duradera. La mas reciente, la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad (MSS), ha sido clasificada como un fracaso y ha sido reconvertida en una Fuerza de Represión de Bandas (GSF). Fuentes internas señalaron que la MSS «nació muerta», al estar centrada únicamente en una solución político-militar sin abordar las raíces del conflicto.
La reticencia internacional se basa en la dolorosa historia de intervenciones fallidas, marcadas por acusaciones de abusos sexuales y la introducción del cólera por parte de las fuerzas de paz en el pasado. El costo de la inacción es ahora medible, la misión de seguridad necesita 240 millones de dólares anuales, pero solo ha logrado recaudar 18 millones. La falta de financiación, sumada al escepticismo sobre la legitimidad del gobierno de transición, se traduce en un abandono de facto.
Los vecinos como nosotros, República Dominicana, afectados por el desbordamiento transfronterizo y la migración irregular, optamos por endurecer las políticas de retorno de inmigrantes ilegales para proteger nuestros servicios públicos y evitar tensiones sociales. No nos queda más remedio que aplicar una política de solidaridad responsable y de ayuda a Haití en Haití, lo que subraya la urgencia de que la comunidad internacional asuma su cuota de responsabilidad en el territorio haitiano.
La situación es clara, Haití es un barril de pólvora sin dueño. La solución, que debe ser integrada y liderada por Haití y la comunidad internacional, mas real y meno hipócrita, Se debe asumir como un compromiso inmediato para establecer la seguridad, reformar el Estado de derecho y erradicar las pandillas, junto con un financiamiento sostenido y un liderazgo político que demuestre que la dignidad humana y la estabilidad regional valen más que el costo de la inacción. De lo contrario, la miseria de Haití continuará siendo una amenaza estratégica y una vergüenza moral para todo el hemisferio.
