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Leonel denuncia «uso político» Ley de Residuos Sólidos para favorecer alcaldías del PRM

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Doctor Leonel Fernández Reyna.
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Santo Domingo – El presidente de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, lanzó una fuerte advertencia sobre las intenciones del Poder Ejecutivo tras la reciente aprobación y aplicación de normativas relacionadas con la gestión de residuos sólidos en el país. Según el exmandatario, el gobierno de Luis Abinader pretende utilizar esta ley como una herramienta de financiamiento político para asegurar la permanencia del PRM en los gobiernos locales de cara a las elecciones de 2028.

Los puntos clave de la denuncia:

  • Asignación de Fondos Discrecional: Fernández sostiene que el oficialismo está dirigiendo recursos económicos significativos hacia las alcaldías controladas por el PRM bajo el amparo de la Ley de Residuos Sólidos. Según su visión, esto no responde a un plan de saneamiento ambiental real, sino a una estrategia para «comprar» lealtades y fortalecer estructuras municipales oficialistas.
  • «Clientelismo Institucionalizado»: El líder opositor calificó la medida como un intento de retener gobiernos locales mediante el uso del presupuesto público, señalando que mientras se inyectan fondos en estas áreas, otros sectores vitales como la salud y la producción agrícola sufren de abandono y falta de pagos.
  • El factor 2028: Para la Fuerza del Pueblo, el gobierno está en «modo electoral» de manera prematura, utilizando mecanismos legales para blindar a sus alcaldes frente al creciente descontento popular causado por la inflación y la inseguridad.

Reacciones y Contexto

La denuncia ha provocado respuestas inmediatas desde el sector oficialista. Figuras como Pedro Richardson, líder del sector municipalista, han rechazado las afirmaciones de Fernández, defendiendo la ley como un avance necesario para la modernización del sistema de recolección y tratamiento de desechos en todo el territorio nacional.

Esta controversia se suma a las críticas de Fernández sobre la «quiebra» del sector agropecuario y las irregularidades denunciadas en el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), configurando un clima de alta tensión política al inicio de este 2026.