República Dominicana debe actuar con cautela ante el pedido de naciones y organismos internacionales, de conocidos compromisos con Haití, quienes tienen interés de involucrarla con la realidad que vive Haití.
Así lo reiteró este sábado el presidente del Instituto Duartiano, Wilson Gómez Ramírez, quien insiste en que el pais tiene que obrar con cautela y evitar que ser impuesta como solución a crisis haitiana.
Este viernes el Instituto Duartiano realizó un acto solemne en ocasión del 180 aniversario del regreso triunfal y el desembarco al país desde Curazao del patricio Juan Pablo Duarte, que se produjera al proclamarse la Independencia Nacional el 27 de febrero de 1844. La actividad se realizó en la plaza Juan Pablo Duarte, ubicada en el Santuario de las Tortugas Marinas, de la Base Naval de Sans Soucí.
Para Wilson Gómez Ramírez es extraño que el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Stéphane Dujarric, “sea el portavoz y quien se atrevió a comprometer a la República Dominicana con el establecimiento de una ruta aérea supuestamente humanitaria, sin previamente haber consultado con la autoridad nacional competente, lo que resulta inaudito”.
“Lo peor es que, por las declaraciones ofrecidas por el funcionario de las Naciones Unidas, Dujarric, se evidencian presiones para la apertura de ese “puente aéreo” bajo el supuesto argumento de canalizar un flujo de ayuda de naturaleza humanitaria, aunque las autoridades dominicanas aseguran que no hay ninguna solicitud al respecto”, expresó.
Sugirió al presidente Luis Abinader ponderar bien la solicitud de los organismos y naciones tras considerar que “esa propuesta que no parece limitarse a la llamada canalización de la ayuda humanitaria, toda vez que se ha afirmado que se llevarían “suministros” a Haití, se trasladará desde aquí personal internacional especializado en gestión de crisis; es decir habría un tráfico intenso de naves aéreas desde el territorio dominicano hacia el país vecino”.
Advirtió acerca de las cargas a ser trasladas a Haití vía terrestre tras ser recibidas en los aeropuertos, que tendrían que ser escoltadas por militares dominicanos y soldados de ONU.
“El gobierno de la República Dominicana debe decir con claridad quién está decidiendo todo esto si, como se ha dicho nuestro país no ha sido consultado y, por tanto, no ha podido consentir nada al respecto”, indicó.
