El informe anual sobre los derechos humanos en República Dominicana, que diera a conocer ayer el Departamento de Estado de Estados Unidos, encierra cuestiones que ameritan un abordaje mucho más allá de lo electoral y político. Es admisible la pertinencia de indigar y corregir algunas acciones como el despojo de pertenencias, basicamente dinero, a indocumentados haitianos para no deportarlos, entre otros aspectos, pero el referido informe encierra señalamientos y denuncias peligrosas y graves en lo referente al tema de los haitianos ilegales. Se denuncian los supuestos abusos en contra de migrantes y “personas negras”, así como alegadas deportaciones masivas e irregulares que incluyen maltratos a las supuestas victimas. El informe en referencia denuncia homicidios ilegítimos o arbitrarios; tratos o castigos crueles, inhumanos o degradantes por parte del Gobierno; condiciones penitenciarias duras y potencialmente mortales; arresto o detención arbitrarios; interferencia arbitraria o ilegal con la privacidad; devolución de refugiados a un país donde enfrentarían tortura o persecución, incluidos daños graves como una amenaza a la vida o la libertad u otros malos tratos que constituirían un abuso separado de los derechos humanos. Por lo complejo de los señalamientos acusatorios, esta pieza debe ser materia de análisis y reflexiones de todos los dominicanos. A pesar de que hay que estar conscientes de las medias verdades y manipulaciones, que tambien deben ser vistas, la postura del Departamento de Estado para nada hay que verla aislada del viejo complot internacional que empuja hacia una desaparición de nuestra soberanía e independencia. Por eso hay que ponderar este informe a profundidad y unificar a los dominicanos en la defensa de su terruño patrio.
