Santiago de los Caballeros.– La Fuerza del Pueblo en Santiago reitera públicamente su oposición a la metodología y al procedimiento utilizado por el Ministerio de Energía y Minas para promover o autorizar incursiones, exploraciones y licencias de exploración en la Cordillera Septentrional, sin que previamente se haya garantizado un verdadero proceso de consenso social, con la debida transparencia, publicidad institucional y participación informada de las comunidades potencialmente afectadas.
Nuestra organización política considera que cualquier iniciativa relacionada con recursos naturales, suelos, montañas, fuentes acuíferas y territorios ambientalmente sensibles debe estar precedida de información pública clara, diálogo responsable con las comunidades, estudios conocidos por la ciudadanía y pleno respeto a los derechos constitucionales de los propietarios, productores y residentes de la zona.
En ese sentido, la Fuerza del Pueblo en Santiago condena enérgicamente la forma frecuentemente inconsulta en que, según denuncias de residentes de la Cordillera Septentrional, empresas vinculadas a actividades exploratorias han ingresado o realizado trabajos en propiedades privadas sin el consentimiento de sus legítimos propietarios, vulnerando el derecho de propiedad y generando preocupación, incertidumbre y rechazo en comunidades que merecen respeto, protección y respuestas claras de las autoridades.
Asimismo, la Fuerza del Pueblo aclara que la postura oficial de nuestra organización política en Santiago es fijada exclusivamente por sus organismos institucionales competentes, particularmente la Dirección Provincial y la Dirección Municipal de Santiago.
En consecuencia, cualquier participación individual de algún militante o dirigente, a título personal y en pleno ejercicio de su derecho al trabajo, en proyectos vinculados a estas actividades, no compromete, no representa, no modifica ni influye en la posición pública y oficial del partido.
La Fuerza del Pueblo en Santiago reafirma su compromiso con la defensa del medio ambiente, la protección de la Cordillera Septentrional, el respeto al derecho de propiedad, la transparencia administrativa y la participación de las comunidades en toda decisión pública que pueda afectar su territorio, sus recursos naturales y su calidad de vida.
