Buenos días. Los vientos provocados por la fracasada reforma fiscal trajeron de vuelta el enojoso tema de las exenciones y privilegios de los que gozan legisladores, empresarios, funcionarios, inversores y otros. Esas prácticas se amparan en decenas de leyes por vías de las que se conceden miles de millones de pesos al año a los indicados sectores, pero la sociedad, el país, nunca se entera de cómo operan esos privilegios y qué beneficios generan para la colectividad. El tema retoma la atención de la opinión tras revelarse que, además de los señores legisladores, el Estado dejó de recibir alrededor de 1,600 millones de pesos entre 2020-2024 tras entrar al país la cantidad de 1,970 vehículos que no pagaron un centavo de impuestos. De manera que, si se contabilizan y suman las exoneraciones de vehículos a los legisladores, el monto al que renunció el Estado se elevaría a 3,690.8 millones de pesos y la cantidad de vehículos totalizaría las 2,468 unidades. Se trata de una vieja práctica que genera rechazos porque mientras unos son premiados a cambio de poca cosa, la gran mayoría recibe las consecuencias que se reflejan en sensibles flojeras en las bondades que la democracia debe garantizar al pueblo. Pero ocurre que la democracia no es para todos…
