El panorama actual de los conflictos armados revela una realidad devastadora que ha despertado al mundo de su sueño de paz perpetua para enfrentarlo a una existencia llena de odio y violencia. El balance de los estragos es desolador, para mediados de 2023, la cifra de personas desplazadas forzosamente alcanzó los 110 millones debido a la violencia y los enfrentamientos. Solo en el año 2025, el número de ataques contra instalaciones sanitarias se duplicó respecto al año anterior, resultando en el asesinato de 1,981 personas entre personal médico y pacientes, un récord que refleja cómo los Estados eluden su obligación de respetar el derecho internacional humanitario. Países como Sudán, Palestina, Siria y Ucrania encabezan la lista de este martirio civil.
Uno de los crímenes más crueles de nuestra era es el domicidio, la destrucción masiva y deliberada de hogares para causar sufrimiento humano y hacer los territorios inhabitables. En ciudades como Mariúpol, el 90% de los edificios de apartamentos fueron destruidos, mientras que en Gaza más del 60% de los hogares han sido devastados, afectando la capacidad básica de supervivencia de la población. Este flagelo no es un mero daño colateral, sino una estrategia sistémica y sistemática de los actores armados. Además, el futuro de cientos de miles de niños estuvo bajo ataque en 2024 se registraron 41,370 violaciones graves de los derechos de los niños y ataques contra más de 1,200 escuelas.
Frente a esta carnicería, el liderazgo mundial y los organismos internacionales parecen sumidos en una parálisis crónica. Vivimos una degradación del poder donde los líderes políticos son cada vez menos creíbles y las instituciones públicas son vistas con profunda desconfianza por una ciudadanía que se siente alienada. Nadie parece tener el poder suficiente para hacer lo que se sabe que hay que hacer, y la comunidad internacional se muestra incapaz de actuar colectivamente frente a matanzas indiscriminadas, priorizando a menudo necesidades militares sobre la protección de inocentes.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU), nacida bajo el lema del «nunca más», enfrenta hoy un escenario de impunidad recurrente. Los mecanismos internacionales de seguridad son eludidos por nuevos actores y tecnologías, mientras que los grandes Estados manipulan el derecho según su conveniencia, negando a veces la existencia de conflictos para evitar responsabilidades o utilizando la lucha contra el terrorismo para deshumanizar al adversario y privarlo de protecciones básicas. Se ha producido una ruptura del nexo entre el derecho y los derechos, donde se pretende tutelar estos últimos mediante la guerra, que es su propia negación.
En estos tiempos, resulta difícil creer en un liderazgo que responde al terrorismo con guerras que solo generan espirales incontrolables de violencia, alimentando el odio que dicen combatir. Los organismos mundiales parecen inmovilizados, como Gulliver, por miles de micropoderes, mientras las negociaciones multilaterales fracasan y los compromisos de paz se estancan en el silencio. La alternativa es clara pero urgente: o permitimos que se imponga eternamente esta regla de juego o refundamos un pacto internacional de convivencia que asuma los problemas del mundo como propios, dejando atrás la ilusión de que el Occidente rico puede vivir ajeno a las tragedias del resto del planeta.
