La República Dominicana atraviesa un momento de profunda introspección institucional. Lo que para cualquier administración sería una semana de rutina, para el gobierno de Luis Abinader se ha convertido en un catálogo de errores, negligencias y contradicciones que dejan al descubierto las profundas grietas en la estructura de gobernabilidad del país. No se trata de hechos aislados; la convergencia de cinco crisis simultáneas revela una preocupante incapacidad de gestión que oscila entre la improvisación operativa y la desconexión diplomática.
El primer frente de esta tormenta se gestó en el ámbito de las relaciones exteriores. Históricamente, el país ha mantenido un vínculo estrecho con los Estados Unidos, siendo este su principal socio comercial y fuente de remesas. Sin embargo, la participación del ministro de Justicia, Antoliano Peralta, en la «Cumbre en Defensa de la Democracia» en Barcelona, detonó una tensión inusual con Washington. La embajadora Leah Campos no escatimó en dureza al calificar el evento como una fachada para la censura de la «izquierda global», pero el golpe más certero fue el uso de la cita bíblica de Apocalipsis 3:16, advirtiendo que a los «tibios» se les vomita. Este «jalón de orejas» diplomático expuso el estrecho margen de maniobra de un gobierno que intenta complacer a bloques ideológicos opuestos mientras mantiene una relación de complacencia importante con la administración de Donald Trump.
Mientras la diplomacia ardía, el sistema educativo nacional sufría su propio colapso. El Ministerio de Educación (Minerd) convocó a más de 115,000 docentes para una evaluación de desempeño que prometía ser el estandarte de la modernización digital. Lo que siguió fue una humillación tecnológica: la plataforma fue incapaz de soportar la carga, los maestros esperaron hasta cinco minutos por pregunta y el sistema se cerraba inesperadamente. La Asociación Dominicana de Profesores (ADP) fue tajante al denunciar una falta de planificación y previsión, señalando que no se realizaron las pruebas de estrés necesarias. Aquí no falló solo un servidor; falló la responsabilidad institucional al poner en riesgo incentivos salariales de hasta un 32% basándose en un sistema que demostró ser una caricatura de la modernidad.
La tragedia humana y el fallo del orden público se manifestaron con crudeza en Santiago. El asesinato de Deivy Carlos Abreu Quezada, chofer de un camión recolector, no fue un accidente de tránsito, fue un linchamiento prolongado de 23 minutos bajo la mirada indiferente o incapaz del Estado. Los videos son desgarradores: el hombre gritaba desesperado «¡Policía, me quieren matar!» mientras pasaba frente a un destacamento, sin que ningún agente interviniera para detener a la turba. El hecho de que la estocada mortal ocurriera en el parqueo del Palacio de Justicia de Santiago es la metáfora perfecta de la vulnerabilidad ciudadana: la víctima murió desangrada buscando refugio en el lugar que debería simbolizar la protección de la ley.
La indignación social por este crimen se vio alimentada por la respuesta de la ministra de Interior y Policía, Faride Raful. En una declaración que muchos califican de desafortunada e imprudente, la ministra afirmó que «no hay constancia» de que el chofer se detuviera en un destacamento. Esta versión choca frontalmente con la evidencia videográfica donde el pedido de auxilio fue público y notorio. Al intentar eximir de responsabilidad a los agentes y centrar su crítica en la «sociedad del espectáculo», aquellos que grababan en lugar de ayudar, la ministra pareció ignorar que la primera obligación de auxilio recae sobre el uniforme y no sobre el civil con un celular.
Pero, el fiasco de la Línea 2C del Metro de Santo Domingo hacia Los Alcarrizos completa este cuadro de ineficiencia. Una obra inaugurada con bombos y platillos el pasado febrero, ignorando informes técnicos que detectaron 23 fallas estructurales graves, incluyendo anomalías en 33 pilotes de cimentación y acero expuesto. La prisa por una inauguración política parece haber primado sobre la seguridad: expertos denuncian que se utilizó pintura para ocultar grietas y que el concreto se desmorona con el simple tacto. El colapso del sistema este pasado lunes 20 de abril, que dejó a miles de usuarios varados en plena hora pico, es solo el síntoma de una infraestructura que «nació coja» debido a una repartición irresponsable de contratos entre 36 y 37 empresas distintas.
Esta semana ha sido un espejo de las debilidades del Estado. Desde la tibieza diplomática hasta la incompetencia operativa en educación y transporte, pasando por la negligencia policial y la insensibilidad discursiva de sus funcionarios, el gobierno de Luis Abinader enfrenta una crisis de confianza. La gobernabilidad no se sostiene con discursos de «transparencia» o «cero impunidad» cuando los sistemas colapsan, los ciudadanos mueren gritando por ayuda frente a los cuarteles y las obras millonarias muestran varillas oxidadas antes de cumplir un mes de uso. Es hora de que el gobierno deje de maquillar las grietas y comience a reconstruir la zapata de sus instituciones.
