El orden mundial actual es arbitrario, no se ajusta a normas de consenso internacional: es el “orden basado en reglas” que EEUU establece y los demás aplican si quieren sobrevivir, y cuando no lo hacen les llueven las “sanciones” y la guerra; se trata de un orden sujeto a su hegemonía, determinado por la correlación de fuerzas, por el poder bruto de EEUU y sus aliados.
La derecha internacional en nuestra región adoptó el Lawfare en los últimos años como el mecanismo predilecto para derrotar gobiernos populares y denostar a sus dirigentes, con el objetivo de suplantarlos en el gobierno, encarcelarlos o al menos desprestigiarlos cruelmente, y en esta guerra hacen uso indebido de instrumentos jurídicos para fines de persecución política, destrucción de imagen pública e inhabilitación de un adversario. Combina acciones aparentemente legales con una amplia cobertura de prensa para presionar al acusado y su entorno (incluidos familiares cercanos), de forma tal que este sea más vulnerable a las acusaciones sin prueba.
La política neoliberal se incrustó en las constituciones políticas de los años 90 y delegó al poder judicial la garantía de equilibrio entre derechos y capital.
Con el siglo XXI, la Organización Mundial de Comercio impone las reglas y el Fondo Monetario internacional con endeudamiento afianza la dependencia.
La política le cedió su espacio a la ley y el poder se tornó en ejercicio económico. Sobre esas bases el lawfare combina ley y guerra, usa de manera estratégica los procesos legales para debilitar, inmovilizar o desprestigiar a un oponente al que no puede vencer en política y al tiempo es una guerra por medios legales o una táctica para derrocar gobiernos sin recurrir a la intervención de la fuerza militar, eso es el golpe blando y lo propician las élites para conservar el poder.
El lawfare en el siglo XXI ha ocurrido en América latina al menos cinco veces, bajo acusaciones planeadas que inician con rumores, medias verdades, falsedades, posverdades, hasta convertirse en procesos judiciales, entregados al congreso, encargado del golpe final, “en democracia”, sin disparos, ni fusilamientos y con amplio despliegue mediático prefabricado, hasta legitimar la destitución y derrocar al presidente y su partido.
Las acusaciones han ido desde mal manejo gubernamental hasta intentos de perpetuarse en el poder. Los casos de Manuel Zelaya (Honduras), Evo Morales (Bolivia), Dilma Rousseff (Brasil), Fernando Lugo (Paraguay), y Pedro Castillo (Perú) comportan más similitudes que divergencias en las acusaciones, mecanismos e instancias que los juzgaron.
Las destituciones aunque vistas como actos controvertidos, con ilegalidades, irregularidades y procedimientos inadecuados, han terminado por instalar en el poder a representantes de ultraderechas políticas. En la mayoría de los casos, las destituciones formularon acusaciones de mal manejo de recursos públicos o intentos de socavar las estructuras democráticas. Las razones específicas variaron entre motivos económicos y administrativos, Dilma acusada de manipulación fiscal y Lugo de mal manejo de un conflicto interno; intentos de mantenerse en el poder, Zelaya, Morales, Castillo, acusados de acciones para extender su tiempo en el poder, como amenaza a las democracias.
En los casos de Rousseff, Lugo y Castillo, la táctica empleó mecanismos parlamentarios y en los casos de Morales y Zelaya hubo, además, directa intervención militar o judicial de disuasión.
Las destituciones presidenciales en América Latina reflejan la existencia efectiva de un modus operandi, diseñado, planeado para dar un “golpe de estado” mediante la destitución de presidentes progresistas y de izquierda e instaurar gobiernos ilegítimos e ilegales, pero con respaldo inmediato para su consumación de instancias regionales como OEA y gobiernos afines a los Estados Unidos y los partidos y alianzas de ultraderecha.
Las tensiones tienen por común denominador romper el equilibrio política-ley y luego pretender la decisión objetiva e imparcial del poder judicial y del congreso, que no lo son, bajo ninguna circunstancia.
El golpe blando es violencia, sus agenciadores apátridas y sus participantes delincuentes, que causan profundas heridas en la cultura de legalidad democrática y el Estado de derecho y son sus directas responsables son las élites hegemónicas.
Lo que se planifica en Colombia, no es nada ajeno a los modelos anteriormente citado, las iniciativas ilegales de organismos públicos y manipulados abiertamente politizados, ahora enfilan sus cañones contra el ambivalente Petro, y veremos los resultados.
Así también República Dominicana no escapa a tales maniobras y en la actualidad la clases políticas opositoras, vive presa y llena de pánico antes los constantes expedientes jurídico que lejos de castigar y perseguir la corrupción, su único objetivo es deslegitimar a los opositores, que representa un desafío a los intereses políticos del poder de turno, y al mismo tiempo deseosos de ganar el Estado de opinión pública en favor de sus causas políticas particulares.
Ojalá, en el futuro, se pueda legislar con normas que les otorguen más poder popular al pueblo , y que contraresten la acciones de Lawfare en América Latina.
