El Mirador
Por Luis Céspedes Peña
Ya pasaron un año y siete meses de la muerte de mi hijo Luis Norberto Céspedes Vega, quien fue atropellado por un vehículo de la empresa Hormigones Romano, según pruebas documentadas en una cámara de vídeo, sin que la Justicia de Santiago haya detenido ni uno de los sospechosos.
Para el recuerdo de nuestros lectores, debemos decirles que sucedió el 2 de Nombre del 2022, dentro de Repuestos Nacho, un negocio ubicado en la hoy Avenida Senador José Rafael Abinader, en la llamada Zona Rebelde de Tamboril, propiedad de Ignacio De Jesús Pérez (Nacho), de quien se comenta que es amigo del conductor del camión llamado Trombo, que sigue sin presentarse a las autoridades.
Nos quejamos, con muchas razones, de que el fiscal de Tamboril, Manuel Güichardo, abandonó las investigaciones sin interrogar a los principales sospechosos del hecho, como son los siete conductores de camiones Trombo que tiene Hormigones Romano, y al encargado de Parqueo vehicular de la misma empresa. ¡Ahí está la clave de la investigación!
En la medida que pasan los días, surgen nuevas informaciones que pueden aclarar el hecho. Por ejemplo, el día que fue atropellado mi hijo Luis Norberto Céspedes Vega, el comandante de la Policía de Tamboril era el mayor Montero, quien 48 horas después solicitó su traslado de la jurisdicción, sin registrar ni informar a sus superiores del caso. ¿Pero cómo logró tan rápido su traslado?
La dotación policial queda a unos 30 metros del lugar donde se produjo el hecho, lo que provocó un “tapón” de vehículos durante 40 minutos, aproximadamente, a la espera del 9-1-1, que nunca llegó, llegando a pocos pies de la Comandancia de la Policía, debido a que esa vía es la única que se comunica con la parte Sureste, que incluye al Distrito Municipal Canca la Piedra y Moca, por donde está establecida la ruta del transporte público que termina en Santiago de los Caballeros. Es conocida como la ruta de Tamboril.
El mayor Montero abandonó la comunidad, no le reportó el hecho a su comandante inmediato, el teniente coronel Pérez Baldera, con asiento en la Zona de Gurabo, ni tampoco se lo informó a la Dirección Regional Cibao Central de la Policía. No sólo eso, no se lo informó a su sustituto, el también teniente coronel Collado Guerrero. ¿Por qué lo hizo?
En un interrogatorio que se le hizo al señor Mario Esquea Rodríguez, encargado de Producción de Hormigones Romano, en mi presencia (la única vez que el fiscal Güichardo permitió mi participación, como lo establece el Artículo 29 del Código Procesal Penal, porque luego me lo prohibió), el interrogado dijo que “en el tiempo que se produjo hecho (pasadas las 10:00 de la maña del 2 de Noviembre del 2022), había varios de esos camiones en la ruta Villa Olímpica, Gurabo y Villa González.
En el resumen que hizo el fiscal de Tamboril, para engavetar el caso, sólo se cita a la Villa Olímpica y Gurabo. La pregunta es, si varios de los camiones Trombo tenían esa ruta, ¿por qué aparece uno de esos vehículos en la cámara de vigilancia atropellando a mi hijo en Tamboril?
¡Son tres lugares opuestos, a muchos kilómetros de distancias? El conductor huyó luego del hecho y sigue oculto, pero él sabe que anda con un homicidio encima.
Tenemos otras pruebas para el fiscal Osvaldo Bonilla, quien tiene pendiente reunirse con los directivos del Colegio Dominicano de Periodistas (CDP), la Fundación Periodismo en Reflexión (FUNPER), el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) y otras entidades, para tratar de aclarar el hecho. Los gremios le solicitaron al magistrado la designación de un fiscal especial, sin que tenga que sustituir a Manuel Güichardo, a quien él recomendó, pero que de hecho, abandonó el caso sin ningún resultado.
Luis Norberto fue detenido con un arma de fuego con permiso legal registrada en el Ministerio de Interior y Policía, pero había vencido de tiempo. La Ley de Armas establece que “en ese tipo de caso, si el propietario paga los impuestos, como se hizo, el órgano represivo debe devolvérsela a su dueño, si no está implicada en ningún crimen. En su informe, la DICRIM, de la Policía, dijo que el arma está limpia.
Mi hijo, a petición de la fiscal policial, Aída Medrano Gonell, recibió una Medida de Coerción de seis meses y un depósito como Garantía Económica de 20 mil pesos para poder salir de prisión, luego de siete días encerrado, pero sin poder abandonar el país hasta el juicio de fondo, conocida como domiciliaria. Esperando su libertad, mi hijo fue muerto sin que hasta el momento se sepa cómo o por qué.
El 22 de Febrero del 2023, la juez Clara María Vargas Vásquez, del Primer Juzgado de la Instrucción de Santiago, ordenó que se me entregara el arma de fuego y los 20 mil pesos, como padre solicitante, pero todo resulta imposible. El arma no fue depositada en el Departamento Control de Evidencias, ni está en el Despacho del magistrado Osvaldo Bonilla, a pesar de llevar la sentencia y todos los documentos que aparecen en un instructivo. El abogado-notario Oscar Durán, también hizo la solicitó por escrito a la Fiscalía, pero no hay respuesta, aunque le anexó copia de la Resolución de la magistrada. El fiscal también hizo indagatorias, pero el arma no aparece.
Con respecto a los 20 mil pesos, hicimos seis solicitudes al Departamento Etapa Inicial desde Febrero del 2023, sin respuesta positiva. E, incluso, ahí nos informaron que la decisión de la jueza Vargas Vásquez no tiene validez en esa área administrativa. Presentamos todos los documentos que nos exigieron, incluyendo la sentencia de la magistrada. También le presentamos un poder enviado desde Estados Unidos de la madre de los hijos de Luis Norberto, la señora Xiomara López, en el cual ella dice que todos los aspectos relacionados con ese caso, incluyendo la entrega de dinero, queda bajo nuestro control, porque además fui quien hizo el pago.
En síntesis, no aparece el arma ni el dinero. Todo ese “tejido” debería ser investigado por el magistrado Osvaldo Bonilla. Esos dos últimos aspectos, son de la responsabilidad de la fiscal Aída Medrano Gonell, quien hizo la petición de la Medida de Coerción en el Primer Tribunal de la Instrucción. Como padre, sostengo que la muerte de mi hijo es fruto del sicariato. ¿Por qué? No lo sabemos. Sí decimos que Luis Norberto era más honesto que la mayoría de los involucrados en el proceso.
Es importante aclarar que el caso que nos afecta, ocurrió en los días que todavía el magistrado Osvaldo Bonilla fungía como titular interino del Distrito Judicial de Santiago. ¿Podría vincularse el traslado del mayor Montero y la desaparición del arma de fuego con la muerte de mi hijo? Sólo las autoridades judiciales pueden establecer lo positivo o lo negativo.
No hay que romperse la cabeza en esa investigación, la cual solicitamos se nos entregue acompañado de un fiscal. El propietario de Hormigones Romano, ingeniero civil Luis A. Romano, declaró que en “su empresa hay unos siete camiones similares al que figura en la fotografía de la cámara de video”.
Esa versión también fue ratificada por dos conductores interrogados por el magistrado Manuel Güichardo, pero camiones llamados Volteo, que nada tienen que ver con los Trombo. Si de esos siete Trombo salieron tres a hacer una ruta, como lo declaró el encargado de Producción de Hormigones Romano, Esquea Rodríguez, esos son los primeros, juntos al responsable de Parqueo, en ser interrogados por las autoridades. ¿Por qué el magistrado Manuel Güichardo no lo hizo? No lo sabemos.
Esperamos que estas nuevas informaciones le sean importantes al magistrado Osvaldo Bonilla, a quien consideramos como un funcionario honesto.
¡Gracias por leernos!
