Por Hilario Ramírez
La sociedad dominicana ha involucionado desde las entrañas de un sistema corrompido por el maridaje entre sectores políticos, empresariales y la complicidad de quienes están llamados a preservar el orden.
El Código Penal recoge amenazas lapidarias contra quienes vigilan la administración de los bienes públicos, mientras deja la percepción de que no castiga con la misma firmeza a quienes arrebatan la paz social mediante la delincuencia común y la corrupción, fenómenos que muchos consideran ligados por un mismo cordón umbilical y que ponen en riesgo la vida de ciudadanos honrados.
Un mundo cruel y vandálico se refleja en el espejo emocional de la gente de bien, rodeada de contradicciones gubernamentales que, por un lado, parecen condenar a quienes procuran el bienestar colectivo y, por otro, muestran indulgencia frente a la delincuencia.
Apenas han transcurrido unas semanas desde que cobró fuerza el debate sobre las personas que se desplazan en motocicletas y los distintos comportamientos que allí confluyen.
Resulta paradójico que, en ocasiones, las autoridades provoquen tragedias cuando detienen a un conductor de motocicleta que actúa de manera honrada, mientras quienes se dedican al microtráfico de drogas o integran redes criminales logran evadir los controles.
Los puntos de venta de drogas parecen invisibles para muchos, pero algunos agentes de la Policía Nacional terminan ensañándose con quienes, precisamente, son perjudicados por esos centros de expendio de sustancias narcóticas.
Los valores inculcados por las familias impulsan cada mañana a hombres y mujeres a salir a trabajar con la esperanza de construir una vida digna.
Sin embargo, también se exponen al riesgo de encontrarse con la delincuencia y, según la percepción de muchos ciudadanos, con la indiferencia o complicidad de quienes deberían protegerlos.
Dice el adagio popular, de raíces bíblicas: «Maldito el hombre que confía en otro hombre.»
El pueblo deposita su confianza en representantes políticos que, una vez reciben las riendas de la administración pública, con frecuencia decepcionan las expectativas de quienes anhelan orden y seguridad.
Esa percepción alimenta la idea de que algunos terminan favoreciendo intereses particulares por encima del bienestar de obreros, profesionales y ciudadanos comunes.
Durante siglos, el pensamiento religioso ha presentado la lucha entre el bien y el mal como el enfrentamiento entre Dios y Satanás. Sin embargo, esa dualidad también puede trasladarse a la vida cotidiana, donde las personas de bien conviven bajo la amenaza constante de delincuentes y de quienes destruyen su capacidad de discernimiento mediante el consumo de drogas.
Cuando el sistema neurológico de una persona se encuentra afectado por una enfermedad mental o por el consumo de sustancias narcóticas, su capacidad de controlar las emociones puede deteriorarse gravemente, aumentando el riesgo de conductas violentas, como blandir un arma de fuego.
Resulta indignante que un agente policial manipule su arma de reglamento durante la simple revisión de los documentos de un conductor de motocicleta, mientras que, según denuncian algunos ciudadanos, ese mismo agente actúa con mayor cautela o pasividad al abordar a delincuentes reconocidos.
En el sendero probabilístico de circunstancias funestas a las que se expone la población honrada, entra en dependencia del buen juicio en los tres poderes del Estado bajo directrices del oficialismo de turno.
