Buenos días. Otra vez rondan con insistencia los vientos favorable a una “necesaria” reforma fiscal. Funcionarios del área económica, algunos empresarios y ciertos dirigentes oficialistas, han retomado el preocupante tema. Por ahora la avanzada de lo que viene se deja sentir en los medios de comunicación, convencionales y modernos, así como en círculos privados donde se ensayan fórmulas de persuasión masiva, que tienen la finalidad de lograr primero la aprobación en la opinión pública. Desde estas páginas hemos insistido en que una reforma fiscal conlleva sacrificios y que estos tienen que ser asumidos por quienes más pueden y más tienen que perder. La reforma que promueve el Gobierno tiene que encarar lo relativo a las políticas tributarias y al gasto público. Y en ese contexto, es ineludible una revisión profunda y seria de más de 30 leyes vigentes que otorgan exenciones y privilegios a sectores de la economía, a legisladores, jueces y funcionarios. Incluso, a algunas empresas fantasmas, a otras que no hacen uso apropiado de esos privilegios y algunas que ni siquiera están en operación, pero que al día de hoy son favorecidas con sonantes exenciones y otros beneficios del Estado. Una reforma fiscal no puede olvidar que actuales exenciones indiscriminadas, privan al país de cientos de miles de millones de pesos, lo que no solo resulta irritante sino insostenible. Otra importante fuente de ingresos lo representa la evasión fiscal, que se estima en un 45% por el lado del ITBIS y en un 60% respecto al Impuesto sobre la renta. Súmese los famosos Barrilito y el Cofrecito, así como el altisonante gasto de 11 mil millones de pesos en publicidad, sin mencionar las llamadas pensiones solidarias. De manera que una reforma fiscal que se plantee sobrecargar a la gente de a pies con más impuestos y limitaciones que agraven su ya estropeada calidad de vida, tiene que ser rechazada con fuerza por la colectividad nacional. En todo caso, una reforma fiscal debe pensarse sobre la base de proteger a la gente y, en ese contexto, focalizar una lista de los 25 o 30 productos básicos de consumo generalizado, con la intención de protegerlos y evitar que suban de precios. Naturalmente, eso solo sería posible si los que dicen “representar al pueblo” dejan de lado las poses y asumen su responsabilidad.
