El pasado domingo, el principal aeropuerto de la República Dominicana, la puerta de entrada crucial para nuestra economía doméstica y turística, fue víctima de un caos operativo que se extendió por casi nueve horas. La falla, identificada como un problema en un circuito interno, paralizó la terminal, desencadenó retrasos, cancelaciones en más de 20 vuelos, y forzó a cientos de viajeros a sufrir el calor sofocante y la incertidumbre en los pasillos. Más allá de la molestia inmediata, lo sucedido en el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA) es un símbolo crudo y vergonzoso del fracaso sistémico en la gestión de servicios públicos esenciales bajo el actual gobierno.
Este incidente, que es un evento que afecta la imagen del país, no es una anomalía, sino el reflejo exacerbado de una ineficacia gubernamental que ha permitido el deterioro generalizado de la infraestructura nacional. Las quejas por la falta de eficiencia de los servicios públicos son ya el pan nuestro de cada día para los ciudadanos.
La parálisis en el AILA, aunque supuestamente fue una avería interna, pone de manifiesto la falta de previsión en nuestras infraestructuras críticas, algo que el gobierno del PRM y el presidente Luis Abinader han prometido erradicar. Pero la realidad palpable desmiente el discurso.
Mientras se promovía la idea de que los apagones eran cosa del pasado, la nación enfrenta una «Emergencia eléctrica 2025». El alza en las facturas ha coincidido con los apagones persistentes en todo el territorio nacional, evidenciando la caída del servicio de 24 horas. Esta crisis energética impacta gravemente en la vida diaria, desde la productividad de las Mipymes hasta el deterioro de alimentos en los hogares por la falta de luz.
El deterioro se extiende a otros pilares vitales. El Sistema 9-1-1 genera críticas, con reportes de espera de más de 30 minutos por una ambulancia en casos de emergencia. La falta de gestión y mantenimiento de las infraestructuras es evidente: el Metro de Santo Domingo está saturado y presenta fallas técnicas, y servicios como el Teleférico son criticados por estar a medias, e incluso han varado a pasajeros. En el municipio de Fantino, la aguda crisis de agua potable obliga a sus habitantes a depender de camiones cisterna privados, lo que implica un gasto adicional significativo en medio de una situación económica ya dura.
Esta fragilidad institucional se agrava con el embate económico que sufren las familias. Los precios de los alimentos están por las nubes, y el dinero ya no alcanza para cubrir las necesidades básicas. El costo de la canasta familiar, estimado en RD$76,190.07 mensuales (datos de junio de 2025), triplica el ingreso promedio de un asalariado, confirmando un proceso acelerado de empobrecimiento.
A esta crónica de ineficiencia se suma la sombra persistente de la corrupción y la falta de rendición de cuentas. Escándalos sonoros, como la crisis institucional y el fraude en Senasa, donde se detectó la facturación de más de 4,000 procedimientos médicos inexistentes que desviaron RD$41 millones en pagos ilícitos, recuerdan que la inacción y la opacidad persisten, tal como sucede con la falta de explicación al pueblo dominicano de la monumental deuda pública, que evidencia unos ingresos que el gobierno del PRM no justifica con realizaciones y mejora de los servicios esenciales.
El incidente del AILA no es solo un apagón, es una alerta incisiva. Es el síntoma de que, a pesar de los avances retóricos en la lucha contra la corrupción y la promesa de un gobierno eficiente, el deterioro de los servicios básicos y la inestabilidad institucional exponen al país a la vergüenza internacional, al mismo tiempo que minan la calidad de vida de los dominicanos. Se requiere una reforma estructural profunda y la rendición de cuentas de aquellos responsables de esta debacle, antes de que la improvisación y la corrupción nos dejen permanentemente a oscuras y quebrados como país.
