Buenos días. A pesar de que parece un inexplicable contrasentido, el periodismo, la comunicación social, desde hace más de medio siglo se imparte como carrera en varias de las universidades del país, pero resulta que el 43 por ciento de quienes lo ejercen carecen de estudios superiores especializados en la materia, según lo revela el estudio de la UNESCO y el CDP que cité en mi anterior entrega. Eso hace comprensible que el ejercicio de la profesión más noble sea el más vulnerable e invadido por advenedizos de otras formaciones académicas o simplemente por analfabetas sin formación a ninguna escala. Nadie que no tenga la formación de rigor y haya sido autorizado por la academia y el Estado puede subir al estrado como abogado, tampoco puede ser contratada una persona como médico o ingeniero sin cumplir los requisitos citados, pero en este pais cualquiera puede ser periodista, trabajar como periodista, producir programas que solo deben permitirse a periodistas y hacer negocios haciendo creer que se es periodista. La perturbable realidad, que explica el asalto de los medios y la proliferación de la vulgaridad, radica en dos elementos fundamentales: La falta de regulación legal para el ejercicio profesional y la libre contratación de que se agarran los empresarios mediáticos para, por conveniencia de costos, meter como periodista a cualquier en sus empresas. Reunidos en la Sociedad Dominicana de Diarios, que es tutelada por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), los dueños de diarios rechazan la regulación y hacen creer ante la sociedad que esta supuestamente coarta el derecho a la expresión y difusión del pensamiento, una soberana manipulación porque lo que se regularía es el ejercicio profesional del periodismo, no el derecho ciudadano a expresarse a través de los medios de comunicación. La otra manipulación la sustentan en el derecho a la libre contratación, lo que le da libertad para contratar mano de obra barata y no calificada como si fueran periodistas. Pero resulta que no contratan a plomeros cuando tienen un problema de conexión eléctrica en sus oficinas o edificios. En ese caso no le funciona el llamado derecho a la libre contratación. Así de simple.
