El Foro Económico Mundial celebrado en Davos estuvo matizado por el interés del gobierno de Donald Trump en adquirir Groenlandia, culminando con un polémico «acuerdo marco» entre los Estados Unidos y la OTAN. Si bien este entendimiento ha servido para suspender amenazas arancelarias inminentes, plantea interrogantes profundas sobre la validez de los derechos reclamados, las facultades de los organismos internacionales y el respeto a la soberanía bajo el derecho internacional moderno.
Desde la óptica jurídica, la postura estadounidense de exigir propiedad y control total sobre la isla desafía los cimientos de la integridad territorial. Groenlandia es un territorio autónomo bajo la soberanía del Reino de Dinamarca, una realidad reconocida explícitamente por el propio gobierno de EE. UU. en el Tratado de las Indias Occidentales Danesas de 1916. Además, el Acuerdo de Defensa de Groenlandia de 1951 ya otorga al ejército estadounidense facultades para operar en la isla bajo el marco de la OTAN, reconociendo inequívocamente la soberanía danesa. Por lo tanto, la insistencia de la administración Trump en que los tratados existentes son insuficientes por una supuesta necesidad de seguridad nacional carece de sustento en el derecho internacional público.
El acuerdo anunciado entre Trump y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, resulta particularmente crítico en cuanto a las facultades delegadas. Fuentes locales y representantes groenlandeses, como la diputada Aaja Chenmitz, han denunciado que la OTAN no tiene derecho a negociar el futuro de la isla ni de sus minerales sin la participación directa de Nuuk. Bajo el orden legal vigente, desde 2009, Groenlandia es reconocida como un pueblo con derecho a la autodeterminación externa, y su Constitución prohíbe explícitamente la venta del territorio. Un pacto que ignore estas realidades nacionales se asemeja más a una práctica imperial del siglo XIX que a una cooperación transatlántica del siglo XXI.
Críticamente, este acuerdo parece haber sido una salida política para desactivar una guerra híbrida que incluía tácticas de desinformación, interferencia social y coerción económica. Aunque Trump descartó finalmente el uso de la fuerza militar tras la presión de aliados europeos y la implementación de la Operación Resistencia Ártica, el daño a la confianza mutua es evidente. El hecho de vincular la seguridad estratégica, como el escudo antimisiles «Cúpula Dorada» con la explotación de recursos minerales groenlandeses sugiere que el interés de EE. UU. no es meramente defensivo, sino expansionista.
Este acuerdo entre la OTAN y EE. UU. sobre Groenlandia debe ser visto con escepticismo. Si bien evitó un colapso inmediato de la Alianza, se fundamenta en una premisa peligrosa, que la soberanía de un aliado puede ser objeto de negociación por encima de su voluntad y de los principios de autodeterminación. Dinamarca y Groenlandia han reiterado que la isla «está abierta a los negocios, pero no a la venta», y cualquier marco futuro que no respete esta «línea roja» violará irremediablemente el derecho internacional.
