Buenos días. Las dos entregas anteriores han expuesto con sobrados fundamentos e indiscutible razón, que el Colegio Dominicano de Periodistas dispone de la ley y las herramientas para convertirse en una de las entidades de mayor solvencia económica de República Dominicana. Solo lo ha impedido la ineficacia, irresponsabilidad y complicidad del trío de directivos, no de dirigentes, que le ha torpemente manejado en las últimas décadas. Hacer eficiente el cobro del impuesto a la publicidad es posible siempre que se diseñe una estructura de cobros integrada por abogados, a quienes se les remuneraría con un atractivo porcentaje del dinero a ser recaudado. Una buena gestión en esa dirección colocaría a los cotizantes ante dos alternativas: exponerse a una multa penal, consecuencia que por ser penal ningún empresario dueño de medio o productor la querría por lo que implica ante la sociedad, o, en su defecto, pagar lo que le manda la Ley y si no lo hace, entonces podría ser objeto de embargos, demandas por daños y perjuicios, así como cobros compulsivos. Lo que ha ocurrido es que el trío marcelinista ha preferido lo fácil, se ha tranzado, sabe Dios bajo qué condiciones y beneficios particulares, ha mutilado la Ley mediante acuerdos de cuotas mensuales, que, como ya demostramos, empobrecen a la institución. Se trata de una situación de descuido histórico resultado de la debilidad institucional, de una débil representatividad en la que tambien incide el desinterés que los miles de colegiados muestran ante su propia entidad, en tanto sienten que no les representa como tampoco aporta beneficios importantes. La dirección del IPPP/colegio prefiere ignorar que la contribución especial que dispone la 10-91 tiene categoría de impuesto, que es un tributo obligatorio, no una ayuda, porque así lo establece la citada legislación. ¿Usted se imagina todos los años que han pasado sin esas personas y empresas pagar lo que tiene que pagar? Por eso es que la pobreza a la que hemos hecho referencia, es culpa única de supuestos dirigentes que, en su momento, deberán pagar por la traición a los periodistas y a la propia ley.
