El programa de bonos navideños del gobierno dominicano, anunciado como un alivio para los sectores más vulnerables, ha terminado envuelto en acusaciones de corrupción, populismo y desorden administrativo. Lo que parecía ser un gesto solidario hacia la población empobrecida en la temporada navideña de 2024, ha sido percibido por muchos como una herramienta de propaganda política y una muestra de la incapacidad gubernamental para implementar políticas sociales eficientes.
Con un presupuesto de 4,500 millones de pesos y la ambición de beneficiar a más de 3.5 millones de ciudadanos, el programa ha sido señalado por la evidente falta de control en su ejecución. Las denuncias por favoritismo, distribución indiscriminada e incluso imágenes de Tony Peña Guaba entregando bonos sin ningún filtro o regulación han fortalecido la percepción de que la iniciativa no solo carece de organización, sino que además ha sido manipulada para fines políticos.
La controversia estalló cuando se identificaron casos de figuras públicas y personas de alto poder adquisitivo entre los beneficiarios del programa, algo que el gobierno justificó como “errores de sistema”. Sin embargo, estos errores revelan una negligencia administrativa que afecta a los sectores más necesitados.
En comunidades empobrecidas, donde se esperaba que los bonos marcaran una diferencia, la indignación crece al ver que muchas familias han sido excluidas injustamente. Por otro lado, el caos en la distribución física de los bonos, con escenas de largas filas y denuncias de favoritismo, pone en evidencia un manejo desorganizado.
Además, la plataforma digital diseñada para notificar a los beneficiarios colapsó pocos días después de su lanzamiento, exacerbando las quejas y frustraciones. A pesar de que las elecciones presidenciales ocurrieron en mayo de 2024, el programa de bonos navideños muestra claras señales de populismo post-electoral. La entrega de estos bonos ha sido utilizada por figuras políticas, incluido el oficialismo, como una oportunidad para fortalecer sus imágenes.
Los eventos documentados, donde funcionarios entregaban bonos de manera personal y sin protocolos claros, refuerzan la percepción de que se trató de un acto clientelista más que de una política social estructurada. Tony Peña Guaba, coordinador del Gabinete de Políticas Sociales, ha sido particularmente señalado por las imágenes en las que aparece entregando bonos de manera indiscriminada. Estas acciones, lejos de garantizar transparencia y confianza, reflejan una estrategia más orientada al impacto mediático que a la verdadera solidaridad.
A pesar de los anuncios del gobierno sobre una reducción de la subalimentación en un 50% gracias a los programas sociales, la realidad en los sectores vulnerables dista mucho de esta narrativa optimista. Testimonios de ciudadanos excluidos de los bonos y denuncias de insuficiencia en los comedores económicos contrastan con los discursos oficiales, alimentando una sensación de desconfianza hacia las cifras presentadas por la administración.
Mientras tanto, el presidente Luis Abinader ha defendido el programa como una herramienta para llevar alivio a las familias pobres. Sin embargo, las inconsistencias en la ejecución han socavado su mensaje. En un país donde el 40% de la población vive en la pobreza, resulta inadmisible que recursos millonarios terminen favoreciendo a quienes no los necesitan o se desperdicien por falta de planificación.
El escándalo de los bonos navideños de 2024 pone de relieve problemas estructurales en la gestión de políticas sociales en República Dominicana: corrupción, improvisación y clientelismo. Estos elementos, unidos a la incapacidad de garantizar transparencia y justicia en la distribución de recursos, erosionan la credibilidad del gobierno y generan un clima de insatisfacción social.
Este caso debe ser visto como una lección. Más allá de las dádivas populistas, lo que los dominicanos demandan son políticas públicas sostenibles que realmente mejoren su calidad de vida. La confianza no se gana con promesas incumplidas ni con programas ejecutados de manera desordenada, sino con acciones concretas y transparentes que pongan el bienestar de la población por encima de los intereses políticos.
El programa de bonos navideños de 2024 no solo ha fallado en su propósito original, sino que ha expuesto las debilidades de un sistema político que sigue priorizando el espectáculo sobre el servicio público y el desorden como marca. La pregunta que queda es: ¿cuánto más estará dispuesto a tolerar el pueblo dominicano?
