Buenos días. No hace tanto, el señor Jochy Gómez vertió serias acusaciones contra figuras con nombres y apellidos que, según él, están ligadas a prácticas y operaciones corruptas de las que se benefician con total impunidad. Vinculó de forma directa y valiente a personajes que manejan e intervienen en operaciones mafiosas, con las que se perjudica sensiblemente al país. Lo menos que reveló fue la existencia de una finca de drogas que la autoridad sabe dónde está y no procede, a lo que sumó acusaciones fuertes en contra funcionarios actuales que estarían acometiendo operaciones mafiosas de grandes dimensiones. Según el susodicho Jochy Gómez, hay en el Gobierno negocios turbios que tienen vigencia en ciertas esferas oficiales y que envuelven a gente muy poderosa. Por esas acciones, según sostiene, el país tiene pérdidas de millonarias; se refirió a un sujeto en particular que se habría cargado millones sin que nada ni nadie detenga sus fechorías. En otro orden, identificó a los responsables de provocar el famoso apagón de los semáforos en la capital, además de revelar prácticas de chantaje para obtener comisiones millonarias, entre otras diabluras. Al rosario de señalamientos y acusaciones, sumó algunas acciones de espionaje autorizadas por el Palacio contra funcionarios, dirigentes políticos y otros. La lista no se detiene, abarca también denuncias respecto a que hay funcionarios, que nombró de forma clara, que habrían armado su apresamiento con el interés de cargarse sus equipos tecnológicos. De toda la mugra expuesta, lo que duele, lo que molesta, lo que provoca preocupantes interrogantes, naturalmente sin respuestas, es que desde ninguna instancia oficial, ni desde el Ministerio Público, tampoco del propio Gobierno, se emprendiera una sola acción para comprobar la veracidad o no de las graves denuncias que, de manera pública, formulara el señor Gómez. Y uno se pregunta, ¿qué pudiera justificar semejante desinterés?
