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A la justicia privatización de servicios de Hemodiálisis hospitales Públicos

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Miguel Surun Hernández.
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Advierten privatización de estos servicios constituye la pena de muerte para pacientes renales de escasos recursos económicos

La Fundación Primero Justicia, en colaboración con un grupo de abogados, presentó un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior Administrativo (TSA) en contra de la resolución número 11-2023, la cual dispone la privatización de los servicios de Hemodiálisis en todos los hospitales del Estado dominicano. Esta medida, según la Fundación, afectaría gravemente a los pacientes renales de bajos recursos económicos.

Una nota de prensa detalló que Miguel Surun Hernández, en representación del grupo, calificó la resolución como «una condena de muerte» para muchas personas, ya que el acceso oportuno a los servicios de hemodiálisis es crucial para su supervivencia.

Hernández expresó su preocupación por la dependencia de la vida de estos pacientes en la voluntad de empresarios privados propietarios de dichos servicios.

«Lo preocupante de esta situación es que, de acuerdo con la propuesta de privatización aprobada por el Estado dominicano, se estima que el sector privado obtendrá ganancias de hasta cinco mil millones de pesos. Esto se daría a expensas del Estado, que asumiría los costos de los espacios físicos y el personal técnico y de enfermería, dejando al sector privado con el cobro de los servicios generados, lo cual va en contra de los intereses de la nación», afirmó Hernández.

El abogado también señaló que esta disposición contraviene el artículo 61 de la Constitución, que garantiza el derecho a la salud, el cual no se estaría asegurando para las personas más desfavorecidas.

Además, recordó que el Estado dominicano ha invertido considerablemente en la adquisición de máquinas de hemodiálisis, las cuales serían entregadas al sector privado junto con los espacios físicos y el personal, dejando a la población con la obligación de pagar por los servicios.

El grupo espera que el Tribunal Superior Administrativo tome las medidas necesarias para dejar sin efecto esta privatización, la cual consideran un atentado contra la salud de los pacientes renales de bajos recursos económicos.

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