Un oficio invisible, una ralidad masiva
Por Ramón Morel
En Santo Domingo Norte, cada mañana cientos de técnicos de refrigeración, costureras a domicilio y vendedores de alimentos preparan sus herramientas antes de que salga el sol. No tienen RNC, no cotizan al TSS y operan con facturas manuales o transferencias directas. Según la Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo (ENFT), este perfil no es excepcional: representa a miles de hogares que sostienen la economía de proximidad mientras permanecen fuera del sistema formal. Su historia no es de evasión voluntaria, sino de adaptación a un mercado donde la supervivencia diaria compite con la planificación a largo plazo.
El mapa macro: más de la mitad, fuera del paraguas protector
Los datos oficiales dibujan un panorama estructural. Según la ONE (ENFT 2023-2024), alrededor del 52% del empleo en República Dominicana se clasifica como informal, con mayor concentración en comercio, construcción, servicios domésticos y microempresas familiares. El Banco Central RD reporta que, pese a la recuperación post-pandemia, el empleo formal creció a un ritmo menor que la demanda laboral neta, dejando a la informalidad como válvula de absorción.
La brecha de protección social es proporcional. El TSS indica que hay aproximadamente 3.8 millones de cotizantes activos frente a una fuerza laboral de más de 5.5 millones de personas. La OIT (Informe País 2023) señala que la informalidad en RD se correlaciona con menor acceso a salud, pensiones dignas y crédito productivo, especialmente entre mujeres, jóvenes y residentes en municipios de la periferia urbana. [Dato pendiente de verificación en publicación oficial TSS/ONE 2024].
El dilema real: entre el mito de la evasión y la barrera estructural
Existe una percepción pública que equipara informalidad con evasión fiscal por conveniencia. La evidencia sugiere un mecanismo distinto: el costo de cumplimiento. Abrir un RNC, cumplir con obligaciones tributarias escalonadas, acceder a seguros de salud y pensiones, y navegar trámites municipales requiere tiempo, capital inicial y certidumbre institucional que muchos microemprendedores no poseen. La DGII y el TSS han avanzado en digitalización, pero la desconfianza persiste cuando los beneficios no son inmediatos o proporcionales a los ingresos reales.
Es crucial diferenciar correlación de causalidad. La informalidad se asocia a menores niveles educativos, pero su causa raíz es estructural: un régimen de cumplimiento diseñado para pymes establecidas, no para unidades productivas de subsistencia o ingresos variables. La formalización no es un interruptor binario, es un puente de peaje progresivo. Cuando el costo de cruzarlo supera el beneficio percibido, la racionalidad económica empuja a permanecer en la informalidad como estrategia de resiliencia familiar.
Lo que ya se intenta y por qué no alcanza
El Estado ha desplegado iniciativas parciales. La DGII mantiene el Régimen Especial para Pequeños Contribuyentes y ventanillas digitales para registro y facturación electrónica. El TSS ha explorado mecanismos de afiliación flexible, mientras que INFOTEP articula programas de certificación de competencias con cámaras municipales y asociaciones de oficios. Estas medidas han generado miles de nuevos registros, pero su adopción real sigue limitada por tres factores: baja visibilidad de los incentivos, complejidad en la migración de regímenes y falta de coordinación interinstitucional en el nivel territorial.
La experiencia regional ofrece pistas. Uruguay implementó el monotributo integrado, un régimen único que combina impuestos simplificados, aportes a salud y pensiones en una sola cuota escalonada por ingresos. El diseño redujo la fricción administrativa y vinculó formalización con acceso directo a beneficios sanitarios y créditos blandos. En RD, la fragmentación normativa y la ausencia de un esquema proporcional y visible siguen frenando la adopción masiva.
Tres pasos graduales para cerrar la brecha
- Cuota de protección social proporcional y visible: Implementar un régimen de micro-cotizaciones ajustado a ingresos reales declarados, con topes mensuales claros y beneficios inmediatos (atención primaria, subsidios de capacitación, seguro de accidentes laborales). KPI: tasa de adopción trimestral por decil de ingresos y % de usuarios que reportan acceso a primer servicio dentro de los 30 días.
- Ventanilla Única Municipal de Formalización: Integrar en una plataforma digital única los trámites de RNC (DGII), afiliación al TSS, permiso municipal y registro de comercio. Incluir acompañamiento presencial en zonas de alta densidad informal. KPI: reducción del tiempo de formalización de 45 a 7 días hábiles y satisfacción ciudadana medida por encuesta post-trámite.
- Vinculación con compras públicas y crédito productivo: Reservar un porcentaje mínimo de licitaciones municipales y estatales para microempresas formalizadas bajo el nuevo régimen, y crear líneas de crédito garantizadas por fondos de desarrollo con tasas preferenciales. KPI: % de formalizados que acceden a primera línea de crédito o contrato público en 12 meses y tasa de supervivencia empresarial a 24 meses.
Hacia una formalización que suma, no que castiga
Integrar a la mitad informal de la fuerza laboral no es solo un desafío fiscal o administrativo; es una cuestión de resiliencia nacional. Cuando el sistema reconoce la capacidad organizativa de los trabajadores de proximidad y diseña rutas proporcionales, la formalización deja de ser una carga y se convierte en un activo de protección y crecimiento. El Estado debe proveer claridad y coordinación, el sector privado abrir cadenas de valor inclusivas, y la sociedad civil acompañar la transición con información accesible. El puente existe; solo falta alinear sus tramos para que nadie quede del otro lado.
