Buenos días. El Gobierno dispersó a bombazos y fuertes chorros de agua la multitudinaria marcha realizada este domingo en San Juan de la Maguana, al Sur de República Dominicana, con la finalidad de rechazar el Proyecto Romero de explotación minera en la provincia. La demostración de fuerza concitó apoyo de todos los sectores sanjuaneros, así como de delegaciones y representaciones de diversos puntos del país. Lo ocurrido en San Juan toca una fibra sensible: el equilibrio entre el desarrollo económico y la protección de los recursos vitales como el agua. Es una situación tensa donde el uso de la fuerza suele percibirse más como una fractura que como una solución. Desde una perspectiva democrática, el diálogo y la ciencia deberían llevar la voz cantante antes que los camiones cisterna, los gases lacrimógenos y el despliegue resaltante de fuerzas militares y policiales listas para reprimir. La dispersión violenta de manifestantes en la provincia de San Juan, quienes se oponen a la explotación minera en defensa de sus recursos hídricos, abre un debate urgente sobre la calidad de nuestra democracia y los métodos de gestión de conflictos socio-ambientales. El derecho a la protesta y a la libre expresión son pilares fundamentales de cualquier sistema democrático y cuando el Estado prioriza el uso de la fuerza sobre la concertación y el diálogo, se vulnera no solo la integridad física de los ciudadanos, sino también el tejido de confianza entre gobernantes y gobernados. La democracia no consiste únicamente en el ejercicio del voto, sino en la garantía de que las comunidades locales tengan voz en las decisiones que afectan su entorno y su futuro. De ahí que privilegiar la represión sobre el consenso es, en esencia, un síntoma de debilidad institucional que conduce a preguntarnos por qué recurrir a la fuerza si los argumentos técnicos son sólidos. Si el proyecto de explotación es seguro, el Estado y la empresa a cargo deben ser capaces de demostrarlo mediante la transparencia total y la educación ambiental. No se puede «vender» la minería como progreso si la población percibe que su fuente de vida, el agua, está en riesgo. La legitimidad social es tan importante como la licencia legal. La explotación de recursos naturales nunca debe estar por encima de la paz social ni de la preservación de la vida. Si un proyecto minero es técnicamente viable y ambientalmente responsable, no debería necesitar de gases lacrimógenos para sostenerse. La verdadera prueba de un gobierno democrático es su capacidad para convencer con la razón y proteger con la ley, nunca para imponer mediante el miedo.
