Buenos días. La noche del domingo 11 de enero del presente año, hace ya cinco meses, el Ministerio Público emitió un comunicado en el que daba cuenta de la incautación de 9,5 toneladas de cocaína, que habían sido introducidas al país desde diferentes destinos y meses anteriores al descubrimiento. No hay que olvidar que entre las cifras ofrecidas por la instancia citada y la Dirección General de Control de Drogas (DNCD), resaltó una diferencia de 301 gramos de la droga, que no llegó a aclararse por la apresurada incineración del cuerpo del delito. Pero ese probablemente sea un dato insignificante ante el hecho que, pasado ya más de cinco meses, la sociedad dominicana desconoce por completo en qué paró tan llamativo caso. A pesar de que, más luego, fue incorporada la DEA a las investigaciones e independientemente de las promesas de que el caso sería esclarecido, el tema se esfumó como por arte de magia, al grado de que nadie ha vuelto a decir nada sobre el particular. Los dominicanos tienen derecho conocer qué pasó con la voluminosa cantidad de cocaina incautada. Están en pleno derecho de saber si aún se investiga, a qué nivel va ese proceso y si hay alguna información acerca de quiénes están involucrado en un movimiento tan voluminoso de droga. Ese derecho tiene que ser garantizado, sin importar qué tan sagradas y poderosas sean las vacas que están detrás…
