Buenos días. El uso de motocicletas eléctricas no solo crece como verdolaga en República Dominicana, sino que ya se deja sentir en el aporte al desorden del tránsito y en la generación de accidentes con lamentables secuelas. El tema se nos ha convertido en una realidad sin que la autoridad se haya percatado, mucho menos reaccionado a tiempo para controlar y debidamente regular el fenómeno. Lo que sí se ha visto por la parte oficial es una reacción tardía que en vez conducirse con sabiduría, a los fines de corregir el problema y buscar una salida armoniosa para la que todavía se está a tiempo, recurre a amenazas y represalias que provocan protestas, como la ocurrida ayer en la ciudad capital. De ninguna manera el país se puede dar el lujo de permitir que el uso de motocicletas eléctricas, sin reglas de juego claras y firmes, alcance las dimensiones de las convencionales, que al día de hoy representan un insoportable dolor de cabeza que se agrava y perdura en el tiempo. No hay que olvidar que el 72% de los accidentados que aloja el Darío Contreras lo generan las motos, ni que el fenómeno aporta más de mil muertes por año, todo gracias a la falta de controles eficaces y al hecho de que el 70 por ciento de estas anda en nuestras vías libre de toda regulación. Admitirlo es grave, pero es verdad irrefutable que de los 2.3 millones de motocicletas existentes, 1.5 millones no están registradas desde el año 2010, lo que significa que tampoco pagan impuestos. De manera que desde ya las autoridades deben proceder con inteligencia, no con operativos, medidas represivas o anuncios simplemente mediáticos, como el que fuera hecho hace ya dos años de que supuestamente se iba a someter a cintura a los deliverys… Y todo sigue igual.
