La llegada de la tormenta tropical Melissa en octubre de 2025, con su estela de caos vial y colapsos en servicios esenciales, no es un evento fortuito; es la crónica anunciada de una prevención ausente en la República Dominicana. Pese a la certeza científica sobre los riesgos climáticos incrementales y la abundancia de diagnósticos técnicos que señalan nuestras vulnerabilidades estructurales, nuestros gobiernos persisten en la inacción, pagando un precio demasiado alto en vidas y bienes por una negligencia que raya en la irresponsabilidad política.
El panorama actual es desesperanzador y se repite con una alarmante precisión estacional. La advertencia del Centro de Operaciones de Emergencias (COE) sobre 24 provincias bajo alerta, 9 en máxima, ante la inminente continuación de lluvias torrenciales hasta el sábado, solo subraya la fragilidad de un sistema que sucumbe ante la humedad. La capital, el Gran Santo Domingo, se paralizó bajo un colapso total del tránsito en sus arterias principales, donde los conductores reportaron tardar hasta una hora para avanzar menos de un kilómetro. El drama se extiende a los servicios básicos, más de 647,000 usuarios quedaron sin agua potable debido a la afectación de 51 acueductos por Melissa.
Este es apenas el último recordatorio de un patrón destructivo y costoso que se intensifica con el cambio climático. Aún está fresco el recuerdo del noviembre fatídico de 2023, cuando la lluvia récord de 431 milímetros en el Gran Santo Domingo desató una catástrofe que dejó 34 víctimas mortales y daños estimados en más de 460 millones de dólares. El punto culminante de esa tragedia fue el derrumbe del túnel de la Avenida 27 de Febrero que segó la vida de nueve personas, un siniestro que no fue un accidente natural, sino la consecuencia directa de falta de mantenimiento denunciados. Esta fatalidad expone una verdad lacerante, la tragedia no solo proviene de la naturaleza, sino de la negligencia histórica en la calidad de nuestras obras públicas.
Los costos de esta inacción son astronómicos y drenan recursos que deberían destinarse a la prevención y el desarrollo. En los últimos años, las lluvias torrenciales han obligado a gastar miles de millones de pesos del Fondo de Calamidades y Emergencias Públicas. Solamente en 2022, las autoridades reportaron el consumo de 16,917 millones de pesos (por el huracán Fiona y otras inundaciones), y en 2023, la cifra ascendió a 9,434 millones de pesos para reparar daños urbanos y otros eventos. Esta es una economía que se financia a sí misma en la reparación cíclica del desastre, en lugar de invertir en blindar sus cimientos.
El problema radica en la colosal brecha entre la planificación técnica y la ejecución política. Existen estudios robustos, sofisticados y financiados que detallan con precisión las zonas de riesgo y las soluciones requeridas. El país cuenta con el Plan Nacional de Adaptación para el Cambio Climático (PNACC RD 2015-2030), el cual establece como eje estratégico el fomento de un entorno construido e infraestructura a prueba del clima para lograr ciudades resilientes.
El costo de la pasividad ante estos llamados es la pérdida de vidas y el desangre de la hacienda pública. Es crucial destacar que el Gobierno ha reconocido la necesidad, como lo demostró el acuerdo con la Coalición para el Desarrollo de Infraestructuras Resilientes (CDRI) en 2023, cuyo objetivo es evaluar y desarrollar nuevos paradigmas de infraestructura, y el anuncio de que los Planes Plurianuales de Inversión Pública ahora se alinearán con las metas climáticas nacionales. Sin embargo, la acción más evidente en la capital, la reconstrucción del drenaje pluvial del Distrito Nacional, ha sido anunciada como un esfuerzo a largo plazo que se incluirá en la primera etapa del presupuesto 2025. Esto, ante la recurrencia de inundaciones que evidencian la vulnerabilidad actual del sistema de drenaje, es una respuesta desesperadamente lenta.
La República Dominicana enfrenta un momento definitorio. Seguir apostando a la respuesta reactiva, declarando duelos nacionales y gastando miles de millones en reparación después de que el desastre se materializa, es la ruta más costosa e inhumana. La solución no reside en nuevos estudios, sino en la transparencia y la voluntad política inquebrantable para aplicar los análisis ya existentes. La adaptación al cambio climático no es un lujo, sino un imperativo constitucional y una responsabilidad colectiva que debe ser liderada con la máxima eficacia, antes de que el próximo desastre nos recuerde, una vez más, que la prevención sigue ausente.
